Es aceptado universal y pacíficamente que la eficacia de los actos de los órganos del Estado pende de su publicación o notificación; por ello, un acto perfectamente válido por haber sido emitido por autoridad competente con apego estricto al procedimiento establecido para su configuración, no produce efecto alguno hasta que haya sido publicado o notificado, es decir, puesto en conocimiento del colectivo o persona al cual va dirigido. Aun antes de la existencia de las monarquías absolutas fundamentadas en el poder divino de los reyes, quienes ostentaban el gobierno se cuidaban de hacer conocer su voluntad mediante bandos que eran leídos a los ciudadanos (muchos de ellos analfabetas) y luego expuestos en lugares de fácil acceso al público. Desde siempre gobernantes y gobernados entendieron que el querer del Estado no podía ser acatado sin una previa y debida publicidad, sin que el ciudadano objeto de la obligación o del derecho tuviera noticia de los actos que lo afectaban.

En la actualidad -además de los motivos que siguen siendo más o menos los mismos- el derecho positivo ha establecido una serie de formalidades dirigidas a garantizar que la publicación de los actos del Estado tengan fecha cierta y acceso general. Entre éstas destaca la contenida en el artículo 1° de nuestro Código Civil, que pone como punto de partida a la obligatoriedad de la ley –cuando menos- el de su publicación en la Gaceta Oficial. En similar sentido se pronuncian los artículos 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 9° del Código Orgánico Tributario.

La publicación es una constante en el derecho universal y, para resumir, podemos decir que sin publicación no hay eficacia, que sin ella las normas legales constituyen letra muerta, incapaces de producir el menor efecto.

Los actos de la Comunidad Andina de Naciones, salvo muy escasas excepciones, no son publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela; como justificación se aduce que constituyen derecho supracional publicado en la Gaceta Oficial de la C.A.N. De esa manera, se imponen cargas a la comunidad venezolana sin que previamente se le provea de una cierta, correcta y legal forma de enterarse de actos promulgan allende nuestras fronteras.

Quienes adversan la publicación de los actos de la C.A.N. en nuestra Gaceta Oficial incurren en múltiples errores. Para empezar, en uno semántico, dado que publicar significa “Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). En nuestro caso, tal notoriedad no existe, como tampoco el querer “hacer llegar a noticia de todos”. En ausencia de lo uno y de lo otro no se puede considerar, en sano juicio y buen derecho, que la publicación se ha efectuado y que los ciudadanos se encuentran enterados o en capacidad de enterarse de los actos de la entidad supranacional.

Basta preguntar: ¿Cuántos ejemplares de la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones ingresan al país diariamente y dónde pueden obtenerse?

Las presunciones son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido (artículo 1.394 de nuestro Código Civil). Como es evidente, toda presunción requiere de un hecho conocido. Así, por ejemplo, el mayor de edad se presume capaz para todos los actos de la vida civil, pero lo que se presume no es la edad, si no la capacidad; la edad es el hecho cierto, lo otro se presume.

En el caso en análisis se presume la publicación y de allí se derivan otras presunciones, tales como el conocimiento general de la norma y la obligación de cumplirla.

Dar a los términos publicar y publicación una significación, sentido o alcance distintos a los que le señala nuestro idioma oficial, contraría tanto el artículo 9 de la Constitución como el sabio y vetusto artículo 4° del Código Civil, ofende la más sencilla lógica y pone termitas al pie del andamiaje de nuestro sistema jurídico.

Autor: Carlos Asuaje Sequera

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