Febrero de 2005 | Boletín #13

Aduanas y territorio

Territorio aduanero es el espacio sobre el cual en determinado Estado aplica sus normas aduaneras, en ejercicio de su poder de imperio.

Así, el concepto de territorio aduanero presupone la existencia de un Estado soberano, de una legislación para regular la entrada y salida de bienes objeto de comercio internacional y de una organización investida de autoridad para hacer cumplir sus disposiciones. George Jellinek en su Teoría General del Estado, hace una acotación útil para nuestro análisis: “la tierra sobre la que se levanta la comunidad Estado, considerada desde su aspecto jurídico, significa el espacio en que el poder del Estado puede desarrollar su actividad específica, o sea, la del poder público. En este sentido jurídico la tierra se denomina territorio”. Parafraseando al ilustre jurista, podemos decir que territorio aduanero es aquel en el cual un determinado Estado aplica coactivamente sus normas jurídicas aduaneras y donde, por tanto, aplica medidas de policía administrativa y ejerce su potestad tributaria.

Pero no basta un cuerpo legal para que las normas se apliquen y produzcan el efecto deseado. Es preciso la existencia de una estructura administrativa compuesta de órganos de diverso nivel y competencia que apliquen dichos controles, determinen el régimen legal a que se encuentran sometidas las mercancías sobre las cuales verse una operación o actividad aduanera, cobren los tributos y sancionen las infracciones en sede administrativa: el servicio aduanero.

Este servicio encuentra un símil en las murallas que protegían a las ciudades antiguas, rodeándolas y controlando la entrada y salida de personas y cosas, a objeto de cobrar tributos y ejercer medidas que variaban de acuerdo a las circunstancias. Las puertas de esas murallas bien pueden asimilarse a las oficinas aduaneras actuales y el espacio intramuros a el territorio aduanero, cuya protección y cuido es el fin último de las aduanas.

El territorio aduanero delimita la competencia territorial del Estado en esta materia. Sólo dentro de él puede imponer las obligaciones de dar, hacer, no hacer y soportar; fuera de él, es otro el Estado quien ejerce su soberanía y, por tanto, otras las normas aplicables, otros los intereses protegidos y distintos los órganos competentes para ejercer la función aduanera.

Pero no menos importante es la distribución de competencia de los órganos con vista al lugar en que la ejercen. En la zona primaria (mediata o inmediata) se realizan las operaciones aduaneras de importación y exportación y se da inicio y culminación a la de tránsito y, además, se realizan otras actividades íntimamente relacionadas con la entrada y salida de mercancías, tales como la reexpedición, el reembarque, etc. Por tanto, los funcionarios que allí se desempeñan tienen competencias relacionadas con tales operaciones y actividades. Por su lado, en la zona secundaria se realizan las diligencias de control posterior y las dirigidas a impedir y reprimir el contrabando, así como las contravenciones que acaecen una vez retirados los cargamentos de la zona primaria; en consecuencia, las competencias acordadas tienen el signo de este tipo secundario de control.

Todos los espacios geográficos afectados por una legislación aduanera, forman parte de un mismo territorio aduanero. Ello no obsta para que ciertos espacios pudieran estar sometidos a regímenes especiales dirigidos a promover el intercambio con otras zonas del mundo, sin que ello signifique exclusión territorial o pertenencia a un territorio aduanero distinto.

Nada es más importante para un sistema aduanero que su territorio. Todas sus normas, competencias y afanes están dirigidos a protegerlo de los múltiples peligros inherentes al comercio internacional de mercancías. Sólo en la medida en que esa protección sea efectiva, puede ser calificado positivamente el servicio aduanero que la produce.

Autor: Carlos Asuaje Sequera.

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