Cada vez más, los Estados mo-dernos orientan su legislación administrativa hacia lo proce-dimental, en el entendido que a través de las formas se pue-den preservar los derechos de la ciudadanía en su relación con una Administración Pública que se tor-na cada vez más compleja y volu-minosa. Se ha entendido –pues– que la defensa de las formas es una manera acertada de preservar el fondo: la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley.

Lugar prominente entre estas formas tienen la notificación y la publicación de los actos admi-nistrativos de efectos particulares o de efectos generales, según sea el caso, sobre lo cual ha dicho nu-estro TSJ que “es una formalidad posterior a la emisión del acto, en razón de lo cual el acto admi-nistrativo podrá ser válido más no eficaz, pues en la medida en que no se haya efectuado se conside-rará que los administrados ignoran su existencia, ya que, el funda-mento de la publicidad y de la notificación consiste en llevar al conocimiento del interesado el acto administrativo”; caso contrario, ha dicho el mismo Tribunal, se vulne-ra el derecho a la defensa y se in-curre en vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.

En similar sentido se ha pronun-ciado la Corte Constitucional co-lombiana al afirmar que “la publi-cidad es una condición de legitimi-dad, que activa el principio de obli-gatoriedad de la norma jurídica, pues "...es principio general de derecho que nadie puede ser obli-gado a cumplir las normas que no conoce...""

La obligatoriedad de normas no publicadas en Gaceta Oficial que pretenden funcionarios del área de valoración del SENIAT, haciendo caso omiso del contenido del De-creto 655 de fecha 23 de enero de 2000 y del artículo X del GATT, así como del artículo 1 del Código Civil, nos retrotrae a las etapas más obscuras de la historia de la humanidad, cuando de la voluntad del jerarca dependían la hacienda, la vida y el futuro de los súbditos.

C.A.S.

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