En la materia aduanera, repetidamente, hemos oído expresiones, comentarios y hasta pronunciamientos sobre la responsabilidad solidaria entre el agente de aduanas y el administrado que contrata sus servicios. Dicha creencia, además de errada, conlleva, en la práctica, a comportamientos y situaciones que afectan de manera directa nuestra especialización. Veamos:

Nuestra Ley Orgánica de Aduanas estipula, en el segundo párrafo de su artículo 35, lo siguiente:

“…el agente de aduanas será responsable ante el Fisco Nacional y ante su mandante por las infracciones cometidas a la normativa aduanera derivadas de su acción u omisión, dolosa o culposa en el ejercicio de sus funciones”.

Esta disposición ha sido entendida en el sentido siguiente: La Administración Aduanera podrá dirigirse al importador o a su agente de aduanas, indistintamente, cuando se cometa una irregularidad o infracción. Como consecuencia, estos agentes requieren a los administrados cartas o cláusulas en sus contratos eximiéndolos de responsabilidad, en casos de códigos arancelarios, valores de las mercancías, descripciones de las mismas y, en fin, informaciones suministradas por ellos necesarias para cumplir el trámite respectivo..

Así las cosas, los funcionarios que laboran en nuestras aduanas informan (en la mayoría de los casos verbalmente) a las agencias de aduanas que determinadas empresas a las que ellos representan, mantienen “derechos pendientes” con la República por operaciones aduaneras realizadas ante determinadas Gerencias Aduaneras y que, por tal razón, no darán curso a los documentos que dichas agencias presenten, hasta que no se solvente la situación.

Pues bien, se les ha olvidado a esos funcionarios cuál es la naturaleza jurídica de un agente de aduanas y que éste no puede ser responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus representados, dado que la labor realizada se circunscribe a un contrato de MANDATO con representación “obligatorio”, por demás, según lo estipulado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Aduanas y 130 de su Reglamento. Es tan cierto que su función se circunscribe a un contrato de mandato que el artículo 145 del Reglamento in comento los obliga a actuar ante las oficinas aduaneras previo poder autenticado.

El Contrato de Mandato se encuentra regulado en nuestro Código Civil, cuyo artículo 1.684 expresamente estipula:

“El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello”.

Los Agentes de Aduanas realizan operaciones ante las Aduanas del país por cuenta de otra persona, que se denomina en nuestra legislación consignatario aceptante, exportador o remitente de las mercancías objeto de las distintas operaciones a realizar, lo que rechaza la figura de la comisión (que involucra la no representación, según claramente lo expresa el artículo 376 de nuestro Código de Comercio). La Exposición de Motivos del proyecto de la vigente Ley Orgánica de Aduanas de 1978 (reformada en 1998 y en 1999) ya decía con respecto a este punto lo siguiente:

“El proyecto incorpora el concepto de “agente aduanero” en sustitución del llamado “comisionista”, pues se ha estimado que la representación legal ejercida en estos casos excluye la configuración de un contrato de comisión” (ver en ediciones de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública del antiguo Ministerio de Hacienda la versión de la comentada Exposición de Motivos y Proyecto de la Ley Orgánica de Aduanas, página 32).

Cabe complementar que la Ley Orgánica de Aduanas fue finalmente aprobada y promulgada, desapareciendo de ella la figura del comisionista aduanero para dar paso a la del agente de aduanas que hoy está en vigor y que todos conocemos.

De allí que creemos que nuestro legislador aduanero utilizó la correcta redacción, en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Orgánica de Aduanas antes comentado, al establecer la expresión “en el ejercicio de sus funciones”. Lo que habría que preguntarse es: ¿A cuáles funciones refiere la Ley Orgánica de Aduanas? Lógicamente, a las derivadas del contrato de mandato que realiza el agente de aduanas por cuenta de otro, donde ese “otro” (consignatario aceptante, exportador o remitente) será primariamente el responsable ante la República. Sólo será responsable el agente de aduanas si se extralimita en las funciones otorgadas en el contrato celebrado o si esas funciones no son realizadas correctamente (acción u omisión dolosa o culposa). De ahí que, en nuestro criterio, no basta con cláusulas ni eximentes en los contratos celebrados con los particulares si la labor encomendada no es ejercida correctamente.

Por demás nos parece atentatorio de Garantías y Derechos Constitucionales el amenazar a estas empresas con la paralización de los documentos que presenten, dado que legalmente no existe tal posibilidad.

Sabemos que la República tiene asignada una serie de privilegios que los puede hacer valer en cualquier momento; dentro de esos privilegios encontramos el del artículo 12 de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual otorga a la Administración la posibilidad de retener las mercancías llegadas a nombre del mismo consignatario, cuando exista demora en el pago de lo adeudado, hasta que este se realice; pero ese privilegio jamás podría ser aplicado al agente aduanero, dado que al actuar como tal nunca podrá ser consignatario aceptante de mercancías (según lo estipulado en el artículo 131 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas) ni, por ende, estar obligado ante la República al pago de las obligaciones causadas, ya que en virtud de lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas, esas obligaciones recaen en el consignatario aceptante y no, como dijimos, en su agente de aduanas. Esta situación legal es por demás razonable si se pondera que al paralizarse las operaciones de un auxiliar de la administración aduanera, como lo es el agente de aduanas, sin que haya causal jurídica alguna que así lo justifique, se estarían perjudicando otros consignatarios que no tienen planteada deuda alguna para con la República.

Es por ello que decimos que en materia de Derecho Aduanero el fin no justifica los medios y que la costumbre, por más reiterada y genérica que sea, no puede ir en contra de las normas jurídicas, independientemente de quien la practique.

(En próxima entrega continuaremos con este tema de la responsabilidad solidaria aduanera)

Autor: Marco Antonio Osorio Uzcátegui

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