Corrupción y aduanas han sido dos vocablos que en nuestro país han estado siempre vinculados. En la conciencia de la colectividad pareciese estar arraigada la idea de que el primero de esos vocablos fuese el género y el segundo la especie. Pero esta idea es por demás injusta: Quienes conocen a fondo nuestro cotidiano acontecer aduanero saben que son incontables los profesionales y técnicos que, dentro y fuera de la administración pública, se han entregado con pasión (más que con vocación) a la ciencia aduanera, haciendo de esta un verdadero apostolado que, como tal, no deja de depararles sufrimientos, angustias, incomprensiones, maledicencias y muy escasas satisfacciones. Son individuos que aborrecen la corrupción dada su inalterable contextura ética o porque han entendido que no pueden envilecer lo que les es tan caro ni contaminar el hábitat dentro del cual respiran y cohabitan.

La idea de designar profesionales y técnicos en las diferentes funciones técnico-aduaneras públicas y privadas no persigue, como se puede entrever, el exclusivo fin de erradicar actuaciones desacertadas: Persigue también el de frenar la corrupción, pues quienes no se han especializado en la materia mediante los esfuerzos, sacrificios, experiencia y tiempo requeridos para ello, caerán con mayor facilidad en la tentación de delinquir, porque en el fondo no aman ni sienten interés verdadero por esa materia. Nuestra experiencia ha sido prolífica con esos improvisados y advenedizos “aduaneros” que, no obstante rangos y reputaciones precedentes, convirtieron prontamente en chiqueros lo que en verdad debieron ser santuarios (sabían que, así como llegaron, en cualquier momento podían ser removidos, lo que los conminaba a “actuar” de inmediato para aprovechar al máximo su miserable pasantía). ¿Qué ha quedado de esa malhadada experiencia? Olvido, desprecio, grandes fortunas personales y grupales y, sobre todo, una IMPUNIDAD que es y ha sido en gran medida causa esencial de la corrupción aduanera venezolana. Debe, pues, abandonarse definitivamente la perjudicial práctica aún en vigor de designar en los cargos técnicos a personas cuyos únicos méritos consisten en ser compadres, conmilitones, camaradas, compañeros, recomendados, amigos o familiares del jefe de turno; al par, debe también ser desechada para siempre la costumbre también hoy vigente de excluirse del servicio a componentes valiosos del patrimonio humano de nuestras instituciones aduaneras tan solo por el hecho de no ser incondicionales a ese jefe de turno.

Pero no nos engañemos. También han sido numerosos los profesionales y técnicos aduaneros que en sus distintas posiciones administrativas han cedido ante las provocaciones de la riqueza fácil. Generalmente estos felones escudan sus ilicitudes en su propio saber especializado: Invocan reglas técnicas aparentemente sólidas que luego, al ser “complacidos”, desechan sin riesgos; conocen cuándo pueden amenazar con el cobro de derechos diferenciales, con la aplicación de multas o comisos y con la apertura de procesos judiciales; saben cuántos efectos negativos puede producir el retardo en la entrega de las mercancías o el inicio de una investigación; están conscientes de los costos y retardos ínsitos al ejercicio de recursos… Lo peor es que, cuando no son satisfechas sus indebidas aspiraciones, estos traidores suelen contar con el apoyo de sus superiores o de servicios paralelos, quienes (independientemente de su integridad moral y ética) respaldan sus actuaciones creyendo que ellas constituyen una defensa de la legalidad y de los sagrados intereses de la República. ¿Complicidad involuntaria?

La corrupción aduanera lesiona, en síntesis, estos sagrados intereses fiscales, a más de los de la colectividad en general y derrumba el prestigio de las instituciones aduaneras y de sus servidores. Tal corrupción parece ser muy eficaz: Suponemos que logra sus propósitos en muy breve lapso, a costos razonables y sin secuelas ulteriores, ya que de no ser así no existiría, al menos en las proporciones que hoy ostenta. De ahí que ella es la peor amenaza que pende sobre los profesionales y técnicos del área que laboran en el sector privado: El corruptor desea soluciones inmediatas que sólo son posibles con la acción delictiva. Los procedimientos administrativos o judiciales usualmente aparejan retardos y costos superiores a los que la corrupción involucra. Se da así la enorme paradoja de que quienes se someten a esos procedimientos judiciales o administrativos y quienes los conducen son precisamente contribuyentes, profesionales y técnicos honestos, vale decir, los que rechazan la hoy fácil vía de la delincuencia y siguen estoicamente el camino arduo y lento de la reclamación legítima, soportando de paso ser tildados de defraudadores por los auténticos sinvergüenzas.

Las aduanas absorben el desprestigio que provoca la corrupción de muchos otros servicios públicos vinculados al tráfico exterior de personas y mercancías e, incluso, la corrupción de sus llamados “auxiliares”. Esa otra corrupción es muy superior y enormemente más dañina que la anidada en la propia administración aduanera. Interceden aquí infinidad de actuaciones reprobables ejecutadas por funcionarios de la Fuerza Armada, de sanidad humana, animal y vegetal, de identificación y extranjería, de inteligencia y seguridad, de policía, de puertos y aeropuertos, de tránsito y transporte, de control de calidad, de control de divisas (entre otros) y por personas de derecho privado tales como transportistas, porteadores, agencias de transporte, consolidadores de carga, almacenistas y depositarios, agencias y agentes de aduanas, verificadoras, couriers y empresas bancarias y de seguros. Esta otra corrupción ha alcanzado colosal dimensión en virtud de la vigencia de lo que un autor criollo (Asuaje) ha dado en denominar como “la aduana boba”, o sea, esa que sólo controla documentos (y no la carga misma) y que no ejerce a plenitud la potestad superior que le confirió la Ley. Todo esto facilita que egresen irregularmente de nuestras zonas aduaneras cargamentos de la más variada índole (incluso productos perniciosos o peligrosos) en proporciones gigantescas y con aprovechamiento masivo de los conocidos contenedores. Ya ni siquiera se acude a la práctica subrepticia, pues la desfachatez imperante hace innecesario el ocultamiento, la oscuridad, la clandestinidad o el paraje desguarnecido que iban unidos al contrabando tradicional.

La administración aduanera del país ha dado algunos pasos tendientes a desacelerar la corrupción. La automatización, el mejoramiento de los ambientes laborales y los mecanismos no intrusivos son algunos de esos pasos; pero es imperativo profundizarlos, extenderlos y hacerlos más estrictos para evitar a toda costa la manipulación o desdén que en algunos casos han estado presentes en su aplicación. Por lo demás, esos pasos han sido absolutamente insuficientes para erradicar o minimizar el flagelo.

Una buena manera de enfrentar la impunidad podría radicar en la revisión y seguimiento minucioso de la conducta profesional y personal de cada funcionario. Así como la administración tributaria ha demostrado ser severa con los contribuyentes aun ante incumplimientos de simples deberes formales, con mayor razón tendría que ser más rigurosa todavía con sus propios funcionarios por la violación de sus obligaciones y por sus conductas que reflejen ignorancia, impericia, negligencia, imprudencia y, en general, irresponsabilidad. Sin embargo, no hemos notado en este sentido, hasta el día de hoy, una auténtica, general, estricta e implacable política de actuación oficial, ya que si bien percibimos un incremento de las funciones de fiscalización hacia afuera, no ha ocurrido lo mismo con las funciones de inspección hacia adentro. Además, si bien es recomendable que la fiscalización del contribuyente sea ejercida por la propia administración aduanera y tributaria, resulta inaceptable que la inspección del funcionario también sea dirigida por dicha administración (por aquello de que es inmoral que alguien se investigue a sí mismo). El examen del modus vivendi del funcionario, de su renta presunta y de su comportamiento técnico en ocasión de la decisión de solicitudes de nuevos reconocimientos, revisiones de oficio y recursos administrativos o judiciales, sería un componente muy valioso para atacar la mencionada impunidad.

Podría aplicarse también al funcionario aduanero (con base en el principio constitucional de autonomía técnica, funcional y financiera de la administración tributaria nacional) un mecanismo de remuneración en unidades tributarias, o sea, en esas mismas que regularmente son actualizadas y aplicadas a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones de pago ¿Por qué lo que en este aspecto es válido para el contribuyente no lo es para el funcionario? Los sueldos se mantendrían así constantemente actualizados y el funcionario no perdería su capacidad adquisitiva. De igual modo, la reimplantación del sistema de obvenciones por resultado, estimularía al funcionario a no caer en prácticas viciosas y a ser celoso en el cumplimiento de su trabajo.

Por supuesto que, aparte de lo expresado, una reforma integral y coordinada, legal y administrativa, es indispensable para atacar la corrupción. Pero una reforma que se traduzca en hechos concretos, tales como: implantación de tribunales de aduanas que conozcan de materia contenciosa y delictiva; previsión científica de nuevos tipos penales y de nuevas causales de sanciones, adecuados a los avances de la modernidad; racionalización de esas penas y sanciones; regulación estricta de los actos de los auxiliares aduaneros y de la interconexión de sus diferentes tipos de servicio; previsión detallada de las causales de suspensión y revocación de las autorizaciones de esos auxiliares; indicación minuciosa de los deberes y atribuciones de los funcionarios y de sus unidades de servicio; requisitos de pertinencia de los regímenes aduaneros especiales o económicos y coordinación entre ellos; mecanismos externos de inspección que incluyan los altos cargos gerenciales del servicio y todas las autoridades públicas vinculadas al tráfico exterior de bienes y personas; control exhaustivo de la carga en sus facetas de llegada, carga y descarga, acarreo, acopio, almacenamiento, despacho y desaduanamiento; rotación de personal; inspecciones sorpresivas; eliminación de algunas aduanas principales y subalternas y racionalización de sus circunscripciones y habilitaciones; dotación de laboratorios, bibliotecas y sistemas de archivo y acopio de información…

La lucha contra la corrupción aduanera exige una labor exigente e incesante: A nuevas vallas que se opongan al flagelo, éste buscará nuevos caminos que es preciso sean cada vez más costosos, arduos y riesgosos. Es una lucha que exige inteligencia y preparación, pero, sobre todo, trabajo, convicción, autoridad moral y respaldo institucional.

Cuando la corrupción responde a una mentalidad, a una manera de ser y de pensar de la colectividad, es deber de los dirigentes dedicar todo el esfuerzo posible para cambiar esa base de sustentación; cuando, en cambio, la corrupción responde a una mentalidad, a una manera de ser y de pensar de los dirigentes, tocará entonces a la colectividad dedicar todo el esfuerzo posible para reemplazarlos; pero cuando la mentalidad o manera de ser y de pensar en mención corresponden tanto a la colectividad como a sus dirigentes, es obligación de los demás, por pocos que sean, batallar contra la una y contra los otros. ¿En cuál de estas tres situaciones hipotéticas se podría ubicar actualmente a Venezuela? Espero que cada lector, luego de una plausible meditación, pueda responderse esta pregunta: Ejecutaríamos así una encuesta virtual que tal vez nos conduzca a que ninguna de esas tres situaciones nos es aplicable. Y ojalá que así sea, por el bien de la Patria y de sus hijos.

Autor: Marco Antonio Osorio Chirinos

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