El precepto ubicado en lo más alto de la pirámide jurídica de que la Constitu-ción y la ley defini-rán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, debiendo éstos sujetar sus actividades a ellas, no admite excepciones de ninguna naturaleza, máximo cuando se de-clara que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

La usurpación, tan duramente cas-tigada por el texto constitucional, puede derivar de la realización de actos administrativos ajenos a la competencia del órgano que los rea-liza o por ser contrarios a la ley, la cual también es una forma de in-competencia, pues nadie está inves-tido de autoridad para contrariar la normativa legal.

Quienes ejercen la función pública son una suerte de mandatarios a quienes la ley encomienda realizar funciones que considera necesarias en la búsqueda del bien común; toda actividad fuera de ese mandato es abuso o desviación de poder y quienes la realicen son individual-mente responsables por ellas, ya que les está vedado actuar por el Estado fuera de los límites de la competencia asignada.

Aceptando como bueno lo que antecede por ser trascripción casi literal de artículos constitucionales, se hace incomprensible el tozudo empeño de la Administración Aduanera de exigir certificados de calidad emitidos por SENCAMER, sin que exista la previa calificación arancelaria a nivel de partida que señale la existencia de una restricci-ón cuya inobservancia pueda produ-cir la sanción contemplada en el ar-tículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

En nuestro ordenamiento jurídico al Arancel de Aduanas le corresponde calificar las mercancías dentro de la clasificación establecida en el artí-culo 83, ejusdem, siendo absoluta-mente nula cualquier calificación ex-tra arancelaria o realizada en con-tradicción con el espíritu, propósito y razón de esta norma.

Sabemos que calificar es apreciar o determinar las cualidades o circuns-tancias de alguien o de algo, por lo que no basta la declaración genérica y no calificatoria contenida en el artículo 14 del Arancel de Aduanas relativa a las normas COVENIN para hacerlas obligatorias, pues resulta contraria al texto inequívoco del referido artículo 83.

C.A.S.

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