Acercándonos a la culminación del contrato celebrado entre nuestra República y las empresas de verificación previa a las importaciones, nos hemos venido topando con una serie de comentarios que, asombrosamente para los técnicos aduaneros, ensalzan la función que ellas realizan para nuestro país. Como muestra nos encontramos con el artículo publicado en prensa nacional titulado “El programa de Verificación de Importaciones impulsó la recaudación aduanera” (El Nacional; domingo 15 de mayo de 2005; A 29).

En el referido artículo de prensa se nos informa que la Facultad de Economía de nuestra Principal Casa de Estudios realizó una importante investigación sobre la inspección preembarque de importaciones implementada por el Seniat. En esa investigación se llega a importantes conclusiones que necesariamente nos vemos en la obligación de comentar en aras al desarrollo, mejoramiento y análisis riguroso de nuestras instituciones aduaneras.

Se comienza en el mencionado artículo de prensa con la interrogante del por qué de esa investigación que realizó la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, a lo cual se responde que ello obedece a la importancia de las aduanas en nuestro país y a nivel mundial, así como al proceso de modernización aduanera en el que se ha involucrado nuestra Administración. Sin embargo, no se nos ha explicado el verdadero por qué de esa particular investigación, dado que si lo importante hubiese sido el papel de las aduanas a nivel mundial o el desarrollo de las mismas en nuestro país, la investigación no tuviese ese sesgo tan rentístico o fiscalista como es el de la recaudación aduanera, sesgo que, a boca de la propia Administración Aduanera, se va quedando cada día atrás. Con respecto a la modernización que lleva a cabo nuestra Administración, un sin fin de medios son utilizados para tratar de llegar a ese loable fin: Por qué entonces limitarse precisamente a la verificación en origen? Por qué no estudiar, por ejemplo, el impacto del SIDUNEA? Por qué no examinar los cambios a nuestra legislación? Por qué no centrar la investigación en el cambio, acondicionamiento o construcción de nuevas sedes? Por qué no evaluar la capacitación de nuestros funcionarios aduaneros? Por qué no referirse a la implementación de mecanismos o sistemas no instrusivos? Cuál es la causa de ese estudio: la Facultad procedió de oficio o a instancia de alguna parte interesada? Detalles, pues, que han escapado del mencionado artículo.

Sabemos que hay grandes problemas en relación a la data que en general posee nuestra Administración; pero quizás la materia aduanera es una de las que en estos aspectos presenta mayores facilidades para el análisis o estudio, dado que para ello bastará con la sumatoria anual, mensual, semanal e incluso diaria de las declaraciones que se realizan en las aduanas del país, declaraciones que (absolutamente todas) deben registrarse ante esas oficinas aduaneras, pues de lo contrario las mercancías permanecerían bajo potestad aduanera y no podría culminarse su proceso de nacionalización ni perfeccionarse la operación de importación (a no ser que nos encontremos en los casos del ilícito aduanero de contrabando).

La investigación nos informa, en el artículo aquí analizado, que el resultado más notorio fue de ella consiste en “que de no haberse aplicado el programa de verificación en el año 2004, el Estado habría dejado de percibir un monto significativo de ingresos tributarios”. De igual forma, expresa que “El estudio arroja que un 14% del incremento entre el 2002 y el 2004 de recaudación aduanera tributaria debe ser atribuido al trabajo efectuado por las verificadoras”. Tendríamos que decir que nos extraña cómo las empresas verificadoras pudieron aumentar la recaudación en el año 2002 y en los tres primeros trimestres del 2003, sabiendo que ellas comenzaron a operar en septiembre de 2003. Pero lo que más nos llama la atención es que si a ellas se les atribuye el 14% del incremento en la recaudación en esos años, qué pasó entonces con el 86% restante? A quién o a qué se atribuye ese porcentaje significativo restante del incremento de la recaudación? En otras palabras el 86% del incremento en la recaudación entre el 2002 y el 2004 no obedeció al trabajo que han venido efectuado las verificadoras, con lo cual se demuestra que bien se puede lograr un incremento recaudatorio sin utilizar estas empresas. Incluso, dando por sentada la veracidad de ese 14%, habría que preguntarse si el mismo justifica la utilización del mecanismo de la verificación. Decimos esto porque en materia aduanera su milenario aspecto recaudador no es lo fundamental en los días que corren. Actualmente nuestra Administración nos dice que las aduanas ya no tienen esa misión rentística o fiscalista, sino una función protectora, promotora y facilitadora del comercio exterior. Mas estos mecanismos de verificación previa a la importación configuran un trámite adicional exigible al importador, trámite que para septiembre de 2003 no existía y, por consiguiente, no tenía que pagarse por él.

Nuestros importadores se preguntan: por qué, si es obligatorio acudir a estas empresas de verificación, obtener el informe y pagar por él, al llegar las mercancías nuestras Aduanas nos dicen que tal informe no es vinculante y que lo que se encuentra expresado allí no necesariamente es cierto? Entonces para que se obliga a utilizarlas? Y si representan una ventaja para la Administración, por qué no es ella la que debe pagar el “servicio”?. Aunque estas empresas de verificación insisten hasta la saciedad en que ellas ofrecen a los importadores seguridad sobre la calidad, cantidad y precio de sus mercancías, en nuestras aduanas no faltan los comentarios de desagrado y molestia por este trámite adicional pagado que en nada obliga a la administración. De estar las empresas verificadoras seguras de la calidad de sus servicios y de los beneficios que ofrecen a los importadores, en nada se verían afectadas si se eliminase la obligatoriedad de su utilización, pues los importadores seguirán buscando esa seguridad tan pregonada. Cuando un producto o un servicio es de calidad y ofrece al usuario un sin fin de beneficios, nadie obliga a su utilización; por el contrario, las personas lo buscan porque satisface de manera más completa sus necesidades. Así que esas declaraciones y alardes de beneficios para los importadores, expresados solamente por las propias empresas verificadoras, constituyen una razón adicional para su eliminar sus tan pregonados servicios..

En cuanto a la evaluación del grado de satisfacción del usuario respecto del encarecimiento de los precios de las importaciones, el análisis nos parece simplista y poco técnico, sobre todo si hoy en día se habla de las aduanas como “entes facilitadores del comercio internacional”. Se aduce que el porcentaje del 1% al que reglamentariamente están facultadas a cobrar por sus servicios, es sólo el tope y que su impacto, al ser aplicado sobre el valor FOB, es muy bajo sobre el consumidor final. A la luz de esta concepción, invitamos a la Facultad de Economía a pagar de su presupuesto parecidos incrementos “de bajo impacto”, para ver si aumenta o no la eficacia del servicio que presta y si aquellos afectan o no los precios de algunos productos que pudiese ofrecer. Se nos alega también que estas empresas “compiten entre ellas”; pero nos extraña cómo al estarse en presencia de SÓLO cuatro (4) empresas podamos estar ante una verdadera competencia. Por el contrario, pareciese que estuviésemos ante formas concretas de oligopolio, cuya gravedad se hace mayor al haber sido propiciado por el propio Estado.

En el mencionado artículo de prensa se pregunta si la verificación dota a las aduanas venezolanas de una mayor transparencia, a lo cual se responde que ello será así “En la medida en que sea utilizado por el Seniat”. Además, se nos da un ejemplo sobre cómo lo podría utilizar “para establecer un Modelo de Riesgo”, para la base de datos del Sistema Aduanero Automatizado en forma tal que no sea “ubicada en un sistema independiente”. Además, se nos expresa que no se pudo comprobar que información valiosa que dimanada de las verificadoras se esté utilizando, como en los casos de competencia desleal. Una vez más se nos indica que este mecanismo sirve y será eficiente en nuestras aduanas sólo si el Seniat así se lo propone, puesto que es él quien debe impulsarlo e utilizarlo para dotar a las Aduanas de transparencia: Entonces, por qué el pago ha de recaer en el importador? Si la Administración lo contrata, obliga a utilizarlo, se beneficia del mismo y debe aprovecharlo para otros fines (como el de dotar a las aduanas de transparencia) por qué no paga ella por el servicio? Es una cuestión de moralidad y ética lo que está de fondo: es muy bueno y hasta normal que las partes que celebran un contrato se beneficien del mismo, pero, según entendemos, se pretende que todavía es mejor que sea otra persona la que tenga que correr con el gasto. Que buen ejemplo a seguir!

Se nos expresa en el artículo analizado que los mecanismos de verificación previa a las importaciones en algunos países han traído beneficios, citando especialmente el caso de Perú. Pero en ese país el informe de verificación era vinculante para la Administración y otorgaba al importador seguridad jurídica, en el sentido de que sabia que pagaba por un servicio que después le sería de utilidad para su proceso de nacionalización y que también beneficiaba a la Administración, que había contratado para la realización de esa función que otorgaba seguridad a las declaraciones que realizaban ante sus oficinas aduaneras.

Si bien es cierto que estos mecanismos de verificación se encuentran establecidos en instrumentos normativos que rigen el comercio internacional, aprobados por nuestra República (Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, G. O. Nro. 4.829 Extr., de fecha 29-12-94, Anexo 1A-9), de los respectivos considerandos se puede evidenciar que ellos fueron concebidos “especialmente” para los países “en desarrollo”. Esta situación nos lleva a realizarnos una serie de preguntas que, a nuestro entender, debió formularse nuestra República Bolivariana antes de suscribir tales instrumentos, a saber: Por qué sólo para los países en desarrollo? Por qué no en general para los miembros del Acuerdo, sin entrar a analizar su grado de desarrollo? Los beneficios esgrimidos no favorecerían también a los países llamados desarrollados? Por qué esa situación de minusvalía o desigualdad? Acaso los países en desarrollo no son fuente importante de suministro de materias primas y otros productos para los países desarrollados? Quizás ya es tarde para tratar de dar respuesta a estas preguntas, dado que el Acuerdo está suscrito, aprobado y forma parte integral de nuestra legislación; pero no es tarde a los fines de aplicar esos mecanismos en nuestros países “en desarrollo”. Nos extraña el que un país como el nuestro, con unas autoridades que se jactan de estar hartos de someterse a las disposiciones de otros países, pongan en manos de unas empresas foráneas y, por ende, de cualquier país que las pueda requerir o investigar, informaciones valiosísimas sobre los movimientos de importaciones a nuestro territorio, movimientos que, como todos lo sabemos, forman parte importante de la balanza de pagos de nuestra Nación. No será por esto que las importaciones del sector público quedaron excluidas de verificación previa a la exportación?.

Se nos informa en el artículo aquí analizado que la impresión que surge sobre la forma en que el Seniat maneja este programa (el de los mecanismos de verificación previa a la importación) es muy positiva, que existen cosas que llenaron de orgullo al entrevistado y que todo tiene un sello de excelencia brindado por el Superintendente Aduanero y Tributario. Esto contrasta con la información anteriormente vertida sobre que el servicio no está utilizando (o por lo menos no se pudo constatar) los datos suministrados por estas empresas. De lo que sí puede alardear nuestro Superintendente, y hay que reconocérselo entre otras cosas, es del hecho de que los contratos celebrados con las empresas verificadoras ya se habían celebrado para cuando él tomó el mando del Seniat, con lo cual sólo le quedó ejecutar algo en lo cual ya el compromiso se había adquirido. Faltará por ver si asume su responsabilidad y consecuencia con el pueblo venezolano al renovar o no estos contratos.

No dudamos del talento y profesionalidad de las personas que laboraron en el estudio económico de la implementación de las verificadoras. Lo que tratamos de expresar es que se necesita mucho más que un pretexto de recaudación para implementar esos mecanismos en nuestro territorio; es más, puedo decir con toda seguridad que al menos una de las personas que se nombra en el artículo de prensa aquí analizado, que sirvió de “talento” para la investigación comentada, no cree el supuesto “beneficio” de la implementación de estos mecanismos.

Por último, para no hacer muy extenso el análisis del caso, el reseñado artículo comenta el beneficio de las verificadoras en la industria del calzado venezolano y nos expresa lo siguiente: “Las empresas verificadoras de importaciones han conseguido detectar a lo largo de los últimos meses que las declaraciones de origen que deben de amparar estas mercancías hacen creer fraudulentamente que se trata de calzado fabricado en estas localidades mientras que la realidad es que se trata de calzado de factura china”; o afirmaciones como la siguiente: “Un dato que obtuvimos de una de las empresas de Inspección nos generó enorme alarma: 38% de la importación venezolana de Brasil y 27% de la de Panamá en la realidad se origina en otros países y se ha encontrado que en la mitad de los casos el país del cual provienen las mercancías resulta ser de China”. Pues bien, necesariamente un aduanero se tendría que hacer las siguientes interrogantes: Saben las empresas verificadoras que tales comportamientos están tipificados en la legislación aduanera venezolana como casos de contrabando? Cuántos de estos casos se han dado a conocer a la Administración Aduanera o al Ministerio Público para que tomen las acciones correspondientes? Cuántos casos de contrabando se han incoado por tales comportamientos? Sabrán acaso que el contrabando es un delito de acción pública y que nos corresponde a todos combatirlo y denunciarlo? Por cosas como las comentadas sostenemos que no basta con poseer datos y alardear de ellos, sino cumplir con lo estipulado en nuestra legislación.

Sólo resta a nuestra Administración evaluar los supuestos beneficios de estos mecanismos de verificación, pero eso sí, desde un punto de vista aduanero integral y no puramente desde uno rentístico o recaudador, que obviamente se aleja de la verdadera visión de una modernización aduanera.

Autor: Marco Antonio Osorio Uzcátegui

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