Los egresados de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, mención aduanas, han sido sometidos a una serie de res-tricciones laborales que resultan cons-titucional, legal y éticamente reprobables, violatorias del artículo 23 de la Declaración Uni-versal de los Derechos Humanos y adversas a toda idea de justicia e igualdad ante la ley.

Como ningún otro profesional, los aduaneros que se forman en ese y otros institutos similares se gradúan de desempleados, pues su derecho a trabajar de inmediato, muchas ve-ces acicateado por la necesidad, choca contra un sólido muro de res-tricciones e impedimentos levan-tados en tiempos donde adquirieron primacía los intereses de grupos económicamente poderosos, nunca ahítos de riqueza rápida y fácil.

Hace unos lustros se tejió una telaraña de exigencias económicas para ejercer el agenciamiento adua-nero, invocando supuestas defensas de los intereses de la República; en verdad, no eran éstos los que se defendían, pues las beneficiarias de esta carrera de obstáculos fueron y siguen siendo las grandes agencias constituidas en los corrillos del poder político y en los cenáculos del económico.

Repugna a toda idea de igualdad, que los preceptos de la Constitución Bolivariana y de los grandes instru-mentos ideados por el hombre para preservar el derecho de todos a una existencia decorosa, se violen tan grosera y abiertamente.

Todos los egresados de los institutos que forman a los aduaneros a nivel superior deben recibir, junto a los títulos que los acreditan como profe-sionales, la licencia para actuar como agentes de aduanas, pues al igual que para el abogado, el econo-mista o el ingeniero, ese título debe ser certificación de la existencia de un conocimiento que faculta para el ejercicio inmediato de la profesión.

El Estado se encuentra en grave mora con los profesionales aduane-ros. Es preciso corregir el rumbo y cancelar la deuda que ya es de vieja data.

C.A.S.

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