Junio de 2005 | Boletín #17

La Guardia Nacional y el Resguardo Aduanero

Aunque el Resguardo Nacional no fue originalmente concebido como atribución exclusiva de algún componente militar del país, tradicionalmente ha sido la Guardia Nacional quien lo ha venido ejerciendo, sobre todo en el área de aduanas (gracias, en este caso, a la previsión que efectuó el artículo 152 de la primera Ley Orgánica de Aduanas del país, es decir, la de 1978). En otros tiempos, eficaces oficiales dejaron su impronta como funcionarios del resguardo aduanero y fue incalculable el beneficio que sus ejecutorias produjeron a la Nación en todos los órdenes del quehacer social. Era lo frecuente, entonces, la conducta apegada estrictamente a la Constitución y la Ley, reflejada en expedientes que solían culminar con sentencias o decisiones definitivas condenatorias, con delincuentes o infractores sancionados y con mercancías decomisadas y adjudicadas plenamente en propiedad al Fisco Nacional. Era un resguardo que inspiraba respeto y no simplemente temor y que convertía los principios de la Institución en práctica cotidiana y no en mero slogan publicitario. Era un resguardo represivo y, al par, disuasivo, no complaciente ni caprichoso y tampoco herramienta de intereses particulares propios o ajenos.

¿Pero qué ocurre hoy día con el resguardo aduanero nacional? Con desazón hemos podido constatar al respecto un notable deterioro institucional que se pone de manifiesto en máculas como las siguientes:

1º.- Actuaciones unilaterales y descoordinadas.- Los funcionarios del resguardo aduanero se han acostumbrado a incoar sus procedimientos de control posterior, en situaciones de no flagrancia, mediante simples instrucciones de algún oficial superior del propio resguardo o de la misma Guardia Nacional, desconociendo -y, de paso, irrespetando- la autoridad superior que el legislador confirió al Jefe de la Administración Aduanera, vale decir, al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario (según lo que claramente disponen los artículos 5º, numeral 2, de la Ley Orgánica de Aduanas y 7 de la Ley del Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria). Tal conducta, de paso, ha venido vulnerando lo establecido en los artículos 4º y 6º del Reglamento del Resguardo Nacional Tributario, en cuanto a que las funciones del resguardo serán ejercidas conforme a los planes estratégicos y operativos y bajo los programas del SENIAT. Dicha conducta también ha violado la Providencia Administrativa sobre Control Aduanero emitida por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario el 29-04-2004 bajo el Nº 0234, cuyo artículo 4 expresa que toda actuación de control aduanero, salvo la de control inmediato, se iniciará (para no estar viciada de nulidad absoluta) mediante providencia del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario o del Jefe de la División de Supervisión y Control o, en su defecto, del Intendente Nacional de Aduanas. ¿Consecuencias? Gasto de energía procesal, caos y desorganización.

2º.- Desnaturalización de las funciones como órgano auxiliar.- Según la Ley el Resguardo Nacional es un órgano auxiliar de los funcionarios de administración, inspección y fiscalización de rentas nacionales (art. 106 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional). Este carácter se encuentra ratificado por el artículo 3º del Reglamento del Resguardo Nacional Tributario, que califica al resguardo como un “servicio auxiliar y de apoyo a la Administración Tributaria Nacional”. A desmedro de estas disposiciones y de la naturaleza misma del comentado servicio, hemos visto cómo los funcionarios de resguardo, lejos de respetar y hacer cumplir las decisiones de los funcionarios aduaneros, tratan al contrario de alterarlas mediante lo que podríamos llamar “nuevos reconocimientos espurios”, generalmente físico-documentales, que conducen a cobros de derechos diferenciales, multas y retenciones de mercancías que los funcionarios aduaneros no han considerado pertinentes. En otras palabras, un servicio auxiliar y de apoyo que, por añadidura, no ostenta la representación del Fisco Nacional (pues ninguna norma jurídica le confiere esa representatividad), suele alterar lo que ese mismo Fisco ha determinado a través de sus auténticos representantes: los reconocedores aduaneros. ¿Consecuencias? Inseguridad jurídica total de administrados y funcionarios y oportunidades para la arbitrariedad más absoluta.

3º.- Retenciones arbitrarias de mercancías.- Las normas jurídicas que regulan la actuación del resguardo sólo lo facultan para incautar o retener mercancías cuando existan pruebas de que estas deban ser decomisadas (lo que ocurre en los casos de contrabando y de productos prohibidos o que no han contado con algún permiso, autorización o documento exigido por el Arancel de Aduanas). Así se desglosa de normas como los artículos 110 (numeral 4) y 322 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Causa estupor, sin embargo, ver cómo el resguardo incauta mercancías simplemente porque “se va a efectuar una averiguación” (o sea, todavía sin prueba de irregularidad alguna) o porque “presuntamente” se ha cometido una infracción sancionada con multa, ignorándose que la multa es una sanción muy diferente al comiso y que, por consiguiente, no habilita para la lícita incautación de bienes. Más grave aún: las retenciones mencionadas se efectúan a pesar de que los interesados presentan pruebas de la legal nacionalización de las mercancías, vale decir, la documentación emitida y/o conformada por nuestras autoridades de aduanas. ¿Consecuencias? Daños y perjuicios injustificados y expedientes que seguramente culminarán con decisiones contrarias a las pretensiones del resguardo.

4º.- Violación de garantías y derechos constitucionales.- El panorama antes expuesto implica la violación de numerosos derechos y garantías previstos en nuestra Constitución, tales como los de: Inviolabilidad de recinto privado (pues el resguardo actúa sin órdenes de allanamiento en sitios que, aunque distintos al hogar doméstico, constituyen sin duda recintos privados), consagrado en el artículo 47; Debido Proceso (artículo 49); Libre Tránsito (artículo 50); Protección del Estado (artículo 55); Protección del Honor y Reputación (artículo 60); Trabajo (artículo 87); Libertad Económica (artículo 112); Propiedad (artículo 115); y No Confiscación (artículo 116). De paso, otros hermosos principios legales como los de presunción de inocencia, buena fe, simplificación, transparencia y facilitación, son frecuentemente pisoteados en las actuaciones del resguardo. ¿Consecuencias? Desprecio a innegables conquistas jurídicas logradas por la colectividad venezolana y respaldadas por nuestras más altas autoridades públicas.

5º.- Usurpación de funciones y uso indebido de privilegios fiscales.- Ya hemos dicho que ninguna norma jurídica otorga al resguardo la representatividad del Fisco Nacional. Pero esto no ha impedido que los funcionarios de esa institución esgriman en “apoyo” a sus ejecutorias el privilegio de persecución y secuestro consagrado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas, donde textualmente se reserva su ejercicio al Fisco Nacional. Además, dicho privilegio sólo es pertinente cuando ya se encuentre plenamente determinada la existencia de un crédito insoluto, de un requisito incumplido o de una condición vulnerada, y jamás cuando simplemente se está haciendo una averiguación que todavía no ha finalizado con la decisión de una autoridad administrativa o judicial competente. ¿Consecuencias? Falta de profesionalismo e interpretación acomodaticia de las leyes.

6º.- Violación de principios básicos sobre el acto administrativo.- Cuando la administración aduanera ya ha efectuado la determinación de las obligaciones exigibles y cuando el cumplimiento de estas últimas ha justificado el desaduanamiento de los bienes, ello debería bastar para que los funcionarios del resguardo hicieran mutis y se dedicaran a otros asuntos (excepto, claro está, cuando en ese proceso de determinación haya incidido alguna causal de nulidad absoluta). Hemos constatado, sin embargo, que el resguardo, al pretender alterar lo que ya ha determinado la administración aduanera, desconoce a menudo principios elementales como los de cosa juzgada administrativa, presunción de legalidad y validez del acto administrativo, ejecutoriedad y eficacia de los actos de la administración, etc. Ello denota que en el resguardo no existe la más mínima idea sobre lo que es la irrevocabilidad de aquellos actos administrativos que han creado para los administrados derechos subjetivos e intereses legítimos, personales y directos en relación a sus mercancías, irrevocabilidad consagrada en los artículos 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 237 del Código Orgánico Tributario. ¿Consecuencias? De nuevo, falta de profesionalismo y expedientes con una estructura jurídica muy poco consistente.

7º.- Incitación a cometer actos viciados.- También hemos podido constatar que, una vez concluidas las averiguaciones, el resguardo acostumbra remitir los expedientes de carácter no delictivo a las aduanas para que estas efectúen una nueva determinación, cosa que evidentemente ellas mal podrían hacer si se pondera que, generalmente, los lapsos y las condiciones necesarias para poder efectuar nuevos reconocimientos ya están vencidos y que decidir de nuevo sobre algo creador de derechos que ya había sido precedentemente decidido con carácter definitivo, significaría incurrir en la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la LOPA y en el numeral 2 del artículo 240 del COT. ¿Consecuencias? Abuso y falta de respeto al órgano superior del SENIAT representado por la aduana.

8º.- Desdén hacia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.- Algunas de las ilegalidades que hemos comentado en párrafos anteriores fueron evidenciadas en la importante sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el día 15-08-2002 bajo el Nº 1.957. Pero a pesar de que dicha sentencia marcó un hito y señaló pautas de actuación al Resguardo Nacional, esta Institución ha proseguido incurriendo en los mismos vicios evidenciados en dicha sentencia, confirmatoria de la de primera instancia y donde se ratificó la ilegalidad de la conducta de los funcionarios del resguardo en el asunto debatido. ¿Consecuencias? Lo que la fuerza y la sinrazón engendran puede ser desecho con una dosis de justicia y de derecho.

CONCLUSIÓN.- Urge una mano firme que corrija las irregularidades enunciadas, sea ella del SENIAT o de la misma G.N. Si el Resguardo Nacional tiene como función primordial velar porque contribuyentes y administrados cumplan estrictamente sus obligaciones tributarias y aduaneras, él mismo debe dar el ejemplo cumpliendo también estrictamente las normas que regulan sus propias actividades. Sólo así poseerá la necesaria autoridad moral para enrostrar a los demás sus ilicitudes; sólo así se justificará la existencia indefinida de esa Institución, que en otros tiempos fue tan útil y que siempre será necesaria; sólo así se explicará por qué el resguardo debe ser ejercido por la G.N y no por otro u otros componentes de la Fuerza Armada, o por un cuerpo civil. De lo contrario, cualquier día podrían aparecer vientos huracanados que arrebaten la Institución de las manos de quienes no pudieron o no quisieron conservarla en las condiciones de grandeza que le son intrínsecas.

Autor: Marco Antonio Osorio Ch.

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