El contrabando es la conducta punible consistente en el intento de elusión o en la elusión misma, mediante acciones u omisiones, de la intervención de las oficinas aduaneras en la introducción al territorio nacional o en la extracción de él de mercancías de cualquier género o nacionalidad.

Decimos que el intento tiene la misma connotación y consecuencias jurídicas que el hecho consumado, en virtud de la letra del primer párrafo del artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, que señala como sujeto a pena a quien intente eludir la intervención de las autoridades aduaneras en la salida o entrada de bienes al territorio. Con esta forma de establecer el tipo penal, el legislador confirió la misma relevancia jurídica y la misma punición al delito consumado y a su intento, ora frustrado o bien en grado de tentativa.

Esto convierte al contrabando en la que la doctrina llama delitos de mera conducta o de mera actividad, pues su concreción no requiere que se produzca el resultado ofensivo, si no que es suficiente que la conducta del sujeto se dirija a la búsqueda de ese resultado, con independencia del éxito de la empresa. De esta manera, el delito bajo análisis no admite la frustración ni el grado de tentativa, pues basta que alguien haya comenzado su ejecución por medios apropiados para que la trasgresión se consuma y proceda la aplicación de las penas correspondientes.

Desde el punto de vista de la clasificación de los delitos en materiales y formales, la trasgresión analizada es formal, pues si bien se requiere que la actividad del agente se dirija – por acción u omisión – a la producción de un resultado que constituirá una lesión del bien para cuya protección está puesta la norma penal, no se exige que dicho resultado se verifique.

Como sostiene la doctrina universal, la responsabilidad penal por contrabando es objetiva, pues no se requiere la verificación ni del dolo ni de la culpa; basta que la conducta punible se experimente para que se accione el aparato represivo del Estado. Así, por ejemplo, si el conductor de un vehículo terrestre de carga, confundido por una mala señalización ingresara a territorio aduanero por lugar distinto a los autorizados, incurriría en contrabando, aun cuando demostrara que su acción fue involuntaria y producida por la acción maliciosa o inocente de un tercero.

En oposición a lo que otros han sostenido, consideramos que la nacionalidad de las mercancías objeto del delito no tiene relevancia alguna desde el ángulo eminentemente teórico, pues el legislador no distinguió, al establecer el tipo, entre nacionales y extranjeras, por lo que no le es dable distinguir al intérprete; es posible que en la práctica y dentro de los múltiples vericuetos del juicio penal, el carácter nacional de los efectos pudiera facilitar la defensa del inculpado pero, jurídicamente, ello no tiene relevancia.

Desde hace tiempo y en virtud de largas cavilaciones, hemos manifestado que el comiso establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica de Aduanas sólo procede cuando las mercancías sean el objeto material del delito, entendiéndose como tal objeto la cosa sobre la cual recae la acción del delincuente: en el homicidio, la persona asesinada; en el robo, el objeto afectado y así sucesivamente. En este orden de ideas, pensamos que no procede el comiso cuando el delito esté enmarcado dentro de los literales g) a k) del artículo 105 de la Ley Orgánica de Aduanas, pues la acción del agente no recae sobre las mercancías si no sobre documentos, por lo cual no se activa el dispositivo del ya citado artículo 110.

Pero, lo que es más, debe iniciarse una discusión acerca de si es procedente considerar contrabando los tipos señalados en los referidos literales o, si por el contrario, la ausencia en ellos del verbo tipo – eludir – hace que las trasgresiones allí señaladas sean autónomas con respecto al encabezado del artículo 104 y, por ende, ameritan de un tratamiento punitivo distinto al señalado para el contrabando.

Autor: Carlos Asuaje Sequera

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