En entrega pasada de este Boletín quedó planteado concluir en el de hoy el tema titulado “Aduanas a la DerIVA (I)”; sin embargo, por haber entrado recientemente en vigencia un instrumento de marcada relevancia y significación para nuestra materia, como lo es el Arancel de Aduanas, hemos preferido comentar algunos aspectos de este nuevo instrumento, postergando para próxima entrega la segunda parte del tema hasta ahora inconcluso.

El 28 de junio de 2005 fue anunciado en el Sumario de la Gaceta Oficial Nº 5.774 Extraordinario, el Decreto Nº 3.679 mediante el cual se promulgó el Arancel de Aduanas. Pero desde el comienzo este Decreto ha estado rodeado de desaciertos y contradicciones y ha generado inseguridad jurídica. Veamos por qué:

a) Sabemos que nuestros instrumentos jurídicos tienen plena fuerza legal y se presumen “conocidos” por la colectividad, cuando son publicados en la Gaceta Oficial. El nuevo Arancel de Aduanas, sin embargo, pese a haber sido anunciado en la indicada Gaceta Oficial del mes de junio, se dio efectivamente a conocer en el subsiguiente mes de agosto, ya que mientras tanto “durmió” treinta y cinco (35) días continuos en la Imprenta Nacional, sin que las personas comunes pudiesen conocerlo y evaluarlo o, simplemente, tener acceso a él.

b) Una vez conocido, nos percatamos que el referido Arancel de Aduanas estableció una vacatio legis de veinticinco (25) días hábiles desde la fecha de su anuncio (que no publicación) en la Gaceta Oficial, la cual venció justo el día en que la Imprenta Nacional lo empezó a distribuir al público (el 3 de agosto). Esta circunstancia trajo como consecuencia que los particulares no pudiesen cumplir con las nuevas regulaciones establecidas, dado que no pudieron conocer el instrumento previamente a su entrada en vigencia.

c) Sin embargo, pese a la irregularidad anteriormente señalada, el propio 3 de agosto nuestro Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) sí se encontraba listo y operando bajo el nuevo Arancel de Aduanas, lo que indica que la Administración Aduanera estaba al tanto de lo que sucedía, se preparó con tiempo para lo que venía y puso en marcha su plan sin un ápice de respeto y protección para los derechos y garantías de los particulares (obligados por cierto a operar también bajo dicho SIDUNEA), dándole la espalda a principios y mandatos constitucionales como el establecido en el artículo 141 de nuestra Carta Magna, a saber:

“La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”

d) Si la eficiencia y eficacia son principios que deben caracterizar a nuestra Administración Aduanera y el Sidunea estaba listo para operar bajo el nuevo Arancel ¿Qué pasaba, sin embargo, con la mercancía que había llegado antes de la entrada en vigencia de ese Arancel y bajo la vigencia del anterior? ¿Qué pasaba con las mercancías que ya se encontraban en las aduanas habiendo cambiado su código arancelario, su régimen de restricciones e, incluso, su tarifa? ¿Qué pasaba con las mercancías que venían en camino y que, por no haberse dado a conocer el nuevo Arancel, no cumplían por ejemplo con las restricciones recién establecidas? No se previó nada al respecto: Inconcebible para una Administración que usa como bandera algo denominado Modernización. Sólo después de presentarse los problemas fue cuando se empezaron a buscar soluciones. Así, emanaron de la Intendencia Nacional de Aduanas una serie de circulares e instructivos que trataban de minimizar el vendaval de circunstancias anómalas y de irregularidades que día a día se iban presentando. Aunque estas circulares e instructivos obedecieron a una plausible visión gerencial de solucionar los conflictos acaecidos, hemos de decir que fueron extemporáneos e ilegales: extemporáneos, por emanar una vez que los problemas surgieron, cuando era fácil prevenirlos; ilegales, porque pretenden modificar un instrumento de superior jerarquía como lo es el Decreto que promulgó el Arancel. Esto lo que demuestra es una total descoordinación y un absoluto divorcio entre la División de Arancel y la División de Operaciones del nivel normativo y entre este último y el nivel operativo de la Administración Aduanera, lo que a todas luces es completamente inaceptable.

e) No obstante lo comentado y a pesar de estarse preparando esta reforma arancelaria con aproximadamente cuatro (4) años de antelación (lo que agrava aún más la situación), el nuevo Arancel contiene una serie de errores, imprecisiones y antitecnicismos dignos de ser comentados. Veamos algunos de ellos:

- Nos señala el texto del Arancel que la tarifa podrá ser de tres tipos, a saber: Ad-valorem, específica o mixta, y que la misma será indicada en la columna 3 de ese Arancel; pero en dicha columna sólo se previó la tarifa ad-valorem. Si el día de mañana la Administración Aduanera desease o estuviese obligada a establecer una tarifa específica o mixta para algún producto ¿Dónde la establecerá? Tendrá que modificar la estructura propia del instrumento.

- Se vuelve a establecer que hasta tanto la Administración Aduanera no realice la publicación de las Notas Explicativas (se añade la de los Criterios de Clasificación), se tendrá como versión “autorizada” la traducción del Ministerio de Economía y Hacienda de España. Como esta norma es reiterativa del Arancel anterior tendremos que repetir lo que decíamos anteriormente: aunque se trate de una versión “autorizada”, hasta que no cumpla con el requisito de su publicación oficial en Venezuela, no podrá ser vinculante para el Administrado; por ende, la Administración tampoco podrá basar una clasificación en las mismas, pues de lo contrario se daría valor jurídico a un instrumento de otro país que no se conoce formalmente en el nuestro y que no ha cumplido los requisitos obligatorios exigidos para presumirlo conocido por los venezolanos.

- Establece el nuevo Arancel que la importación de mercancías provenientes de la Comunidad Andina estará “liberada de los impuestos” establecidos en el mismo, cuando en verdad se trata mercancías no gravadas. Sabemos que la Comunidad Andina, en virtud del Acuerdo de Cartagena, llevó a feliz término su “programa de desgravación” (salvo en el caso de Perú, cuyo programa de desgravación se está aplicando aún); como su nombre lo indica, desgravar es rebajar los impuestos y, en el caso de la Comunidad Andina, rebajarlos hasta su desaparición total para así llevar a cabo la libre circulación de los bienes entre los países miembros. Si ya se ha desgravado o eliminado su tarifa, difícilmente puede el Arancel liberar algo que no existe. Ese término de “liberación” se pone de manifiesto en nuestra Ley cuando estamos en presencia de una exención o de una exoneración que, como sabemos, no es el caso de la Comunidad Andina.

- Ya no será suficiente presentar el Certificado de Origen para gozar de un trato especial y diferenciado; se requerirá además manifestar “expresamente” la voluntad de acogerse a dicho tratamiento especial “al momento de la declaración”. Anteriormente, cuando se declaraba la mercancía, bastaba con presentar el certificado de origen y declarar tarifa 0 ó libre para gozar del régimen; ahora no. El Arancel exige además una manifestación expresa: ¿Dónde la hacemos? ¿Será que el Sidunea contempla un renglón especial para esta declaración expresa? ¿Será que se presentará un escrito con esta manifestación si acciona un canal amarillo o rojo? Y en estos casos ¿Acaso la declaración ya no se había hecho? Bueno, tendremos que esperar que la propia Administración nos diga cómo proceder.

- Al leer el Arancel, nos preguntamos: ¿Se gravó el tránsito nacional? Ello porque su texto nos indica que “El impuesto aplicable a las mercancías objeto de tránsito nacional, será garantizado de acuerdo con la tarifa indicada en la columna tres (3) del artículo 23”; pero observamos que el impuesto establecido en la columna tres (3) no es un impuesto aplicable a las mercancías objeto de tránsito nacional, sino a las mercancías objeto de importación (además, en virtud de esta disposición no habría que pagar, sino que garantizar el impuesto aludido). Entendemos que lo que se quiso decir fue que al realizar un tránsito nacional había que garantizar los impuestos de importación; pero algo muy distinto fue lo que se dijo.

- Se establecieron nuevas restricciones arancelarias, dentro de las cuales nos encontramos como “innovación” las Licencias de Importación y los Registros Sanitarios. Tendremos que ver cómo en la práctica van a empezar a operar. Las licencias tendrían que accionar como verdaderas medidas de contingentamiento de nuestra economía, o sea, como medios de protección a determinada producción y siempre en aras de los intereses de la colectividad y de mantener cubiertas sus necesidades básicas; de lo contrario, serían un verdadero obstáculo al comercio internacional, rechazado por los convenios y tratados internacionales suscritos por nuestro país. Los Registros deberán ser de carácter objetivo y no subjetivo, con lo cual creemos que al quedar registrada la mercancía no tendrá que registrarse para cada importación ni para cada importador mientras el Registro se halle vigente, ni se tendrá que presentar en las aduanas documento alguno en atención a lo dispuesto en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

- Este Arancel trata de legalizar el llamado “Certificado de Calidad” y de corregir la situación anómala presentada en el pasado en relación a lo dispuesto por el artículo 83 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas. Sin embargo la redacción del artículo carece de gracia y se presta a confusión al expresar que “para la importación y el tránsito nacional de mercancías a las cuales se le hubieran establecidos Normas Venezolanas COVENIN de Obligatorio Cumplimiento”: esto lleva a pensar que la norma venezolana COVENIN se establece especialmente para la mercancía importada o de tránsito nacional. Sabemos que las normas COVENIN son establecidas para la fabricación y puesta al consumo del producto VENEZOLANO y es a ese producto al que refieren. El Arancel parece señalar que hay normas COVENIN establecidas para el producto importado, es decir, para la elaboración del mismo en el extranjero, lo cual sería ilógico dado que la norma tendría entonces efectos extraterritoriales. El Arancel anterior resultaba más claro al señalar que “para la importación de productos similares a productos nacionales para los cuales se hubiere establecido Normas Venezolanas COVENIN…”. De nuevo nos encontramos ante una discordancia entre lo que se dijo y lo que se quiso decir.

- Haciendo énfasis en la lucha y defensa de los derechos de propiedad intelectual, establece este Arancel la prohibición de importación y el tránsito de mercancías que violen estos derechos; pero nuestras aduanas deben estar muy atentas al respecto, porque esa violación tiene que ser expresa, tiene que estar declarada por un órgano competente, pues de lo contrario estaríamos ante una medida arbitraria y violatoria de derechos y garantías constitucionales. Debemos decir, además, que como el propio Arancel ha usado tan marcadamente el término “tránsito nacional”, la prohibición expresada en el artículo 15 de ese Decreto, no operará para este tipo de operación (tránsito nacional), dado que la limitó a la importación y el “tránsito” ( por lo cual estimamos que se aludió al tránsito internacional). De igual forma es criticable la posición vertida en este Arancel con respecto a las mercancías que violen los derechos de propiedad intelectual, pues se ha prohibido la importación y el tránsito, pero no la exportación, con lo cual el ejemplo que estamos dando al mundo no es precisamente el mejor.

- El Arancel prohíbe el tránsito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; de su lado, la importación y el tránsito nacional de monedas, billetes y oro están sometidos a las regulaciones establecidas por el Banco Central. Por ende, tendríamos que decir que la importación y el tránsito nacional de sustancias estupefacientes psicotrópicas no están prohibidos (algo lógico para aquellas sustancias que sirven de base a algunos medicamentos) y que el tránsito internacional de monedas, billetes y oro no está sometido a las regulaciones del Banco Central (al respecto no se podría aplicar el artículo 41 de la Ley Orgánica de Aduanas, dado que no se trata de restricciones arancelarias tal como lo manda el artículo 83 de la misma ley). En síntesis, Señores del Banco Central, estén conscientes de que será posible que ingresen al país monedas, billetes y oro sin someterse a las regulaciones que establece su ley.

- Nos expresa el Arancel que los regímenes (1) y (2) (importación prohibida e importación reservada al Ejecutivo Nacional) no se aplicarán a las mercancías que ingresen al Puerto Libre del Estado Nueva Esparta (con excepción de algunos capítulos mencionados en el artículo 24 de este nuevo Arancel) ¿Por qué sólo al Puerto Libre del Estado Nueva Esparta? Configura esta una discriminación total y absoluta con respecto a los otros Puertos Libres (Puerto Libre de Santa Elena de Uairen), a las Zonas Libres (Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná, Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida) y a las Zonas Francas (Zona Franca Industrial de Paraguaná, Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA). Creo que la Administración Aduanera debe una explicación a todas y cada una de tales instituciones.

- La Sección XVI de este Arancel de Aduanas establece, dentro de una Nota Complementaria, lo correspondiente a la Clasificación Arancelaria Única. Esta Nota Complementaria constituye una muestra más en el sentido de que todos los permisos de Clasificación Arancelaria Única que se otorgaron bajo la vigencia del otro Arancel carecían de base jurídica alguna, dado que fue necesario establecer en este nuevo instrumento tal regulación y llenar así un aparente vacío legal. Sin embargo, creemos que aunque haya aparecido esa nueva regulación en la mencionada sección XVI, los respectivos permisos siguen siendo completamente ilegales, pues modifican el hecho generador establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Aduanas y contradicen las Reglas Generales para la interpretación de la nomenclatura, es decir, afectan la estructura misma y los mecanismos de interpretación y aplicación del Sistema Armonizado en virtud de una decisión unilateral venezolana.

- La Nota Complementaria 3 del Capítulo 87 de este Arancel, pone fin a la discusión, promovida por la propia Administración Aduanera, sobre la creencia de que el MEIV configuraba una exoneración. El nuevo instrumento fue tajante al establecer que la correspondiente importación “estará sometida a una tarifa ad valorem de tres por ciento (3%)”. Una noticia muy buena, sin duda, para las empresas trasnacionales ensambladoras de vehículos.

- El nuevo instrumento insiste en hablarnos de “impuesto a la importación”, cuando lo correcto, por mandato Constitucional, era referir a “gravámenes a la importación”. Desconocieron los técnicos que prepararon el Arancel la trascendental innovación contenida en el numeral 12 del artículo 156 de la Constitución de 1999, donde en forma por demás clara se hizo referencia a “los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios”, haciéndose así una muy acertada distinción entre los impuestos propiamente dichos, concretados en los distintos tributos internos, y los derechos o gravámenes aduaneros, excluidos expresamente por el constituyente del principio de reserva legal. En ese sentido, tendríamos que decir que el nuevo Arancel de Aduanas es contrario a nuestra Constitución y desaprovechó una oportunidad de oro para reafirmar en este aspecto la autonomía de la materia aduanera..

- Impropiamente este Arancel modificó tarifas, cuestión que no previó la Decisión 570 de la Comunidad Andina, base normativa de su promulgación (el objeto de esta Decisión consistió en aprobar el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina denominada «NANDINA», a fin de facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, incidir en las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad; pero en ningún momento modificar las tarifas anteriores). Adicionalmente nos encontramos con Códigos Arancelarios ubicados en Capítulos que no les corresponden, como los códigos 2818.90.11 y 2818.90.12, ubicados en la partida 2918, seguidos de la subpartida 2918.90 (ver página 80 de la Gaceta Oficial antes identificada)

Estas apreciaciones, unidas a otras no comentadas, nos llevan a reflexionar sobre la calidad de la labor que realiza nuestra Administración Aduanera, sobre el peso moral y ético de los planes relativos a la exigencia de las obligaciones que corren a cargo de los administrados y sobre el verdadero sentido y alcance de la modernización que se está llevando a cabo. A nuestras autoridades aduaneras sólo nos resta decirles que comentarios como los antes vertidos están destinados a técnicos y profesionales sin complejos y tienen como único objetivo el mejoramiento de nuestras instituciones y herramientas aduaneras (nunca su desprestigio). Y a los administrados les recuerdo que según los artículos 140 y 259 de nuestra Constitución, la Administración es responsable patrimonialmente por los daños y perjuicios que ocasione a los particulares en el ejercicio de sus funciones.

Autor: Marco Antonio Osorio Uzcátegui

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