La reciente pro-mulgación de la Ley Contra el De-lito de Contraban-do y las especia-les circunstancias que rodean su sanción legislati-va, nos inducen a replantear la con-veniencia de aco-meter, sin más dilaciones, la re-dacción de un Código Orgánico Adu-anero. Con ello, no solamente se estaría obedeciendo el mandato contenido en el artículo 335 del Código Orgánico Tributario, si no que se estarían preñando de juridicidad las normas de una acti-vidad que, por su eminente carácter restrictivo de las libertades indivi-duales, están reservadas al pueblo a través de sus legítimos represen-tantes reunidos en Asamblea Nacio-nal.

Nuestra reiterada posición a favor de un Código Orgánico Aduanero obedece a incontrovertibles razones de fondo. La primera, que está inserta en todas las constituciones democráticas del mundo occidental y que es punto de partida del derecho constitucional moderno: que sólo el pueblo puede limitar al pueblo en el ejercicio de la libertad plena, que estas limitaciones deben obedecer a exigencias del bienestar colectivo y que a la autoridad administrativa –servidora y no jefa del colectivo– le está prohibido sancionar normas que reduzcan de alguna manera el ejercicio de la libertad popular.

Por otra parte, que sólo los directos representantes de la soberanía nacional pueden habilitar a la Admi-nistración, mediante leyes formales, para que se apropie, a través de un régimen impositivo, de las riquezas producidas por el conglomerado social a objeto de producir efectos económicos y fiscales beneficiosos para la población; los primeros, al proteger la producción nacional de la competencia extranjera que pue-de resultar en ocasiones devas-tadora y, los otros, para agenciar recursos económicos para satisfacer los gastos del funcionamiento del Estado.

No es difícil intuir que el servicio aduanero nacional requiere una plataforma legal que lo estructure, defina sus competencias, establezca los deberes y derechos de la ciudadanía en la introducción y ex-tracción de bienes del territorio nacional, que fije los límites de los gravámenes aduaneros y, en su conjunto, que establezca reglas cla-ras promotoras de estabilidad jurí-dica, confianza, inversión foránea y riqueza intramuros.

C.A.S.

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