¡Por fin! Años y años dándole que dándole al proyecto. Cuando requeríamos entrevistarnos con algún alto funcionario aduanero, la respuesta era frecuente: está reunido con la Comisión Anti-contrabando. Muchísimas horas-hombre, pues, dedicadas al tema tanto en el nivel central como en todas las aduanas principales del país ¿Resultados concretos? Al parecer el más importante es esta Ley tan esperada del 02 de diciembre de 2005, alrededor de la cual se habían concertado tantas ilusiones. Ya publicada, la hemos podido examinar con detenimiento y objetividad; de ahí que hoy podamos aseverar en forma contundente que esta nueva Ley es en verdad DECEPCIONANTE. Esta delicada afirmación se apoya en las razones y argumentos que en forma muy resumida trataremos de expresar con la mayor claridad y precisión, siguiendo así nuestra costumbre de no formular criterios al voleo, sino cimentados en el rigor de un análisis técnico que, por lo demás, está abierto a la discusión y a la divergencia.

Ley Especial vs. Ley Orgánica.- Cabría ponderar si una Ley Orgánica (así fue en su momento calificada la de Aduanas por nuestro Poder Legislativo) pudo legalmente ser modificada por una Ley especial como esta sobre el Delito de Contrabando, sin haberse cumplido la formalidad de mayoría calificada establecida en el artículo 203 de la Constitución. Es cierto que sobre este particular la norma constitucional bajo cuyo imperio se promulgó la vigente Ley Orgánica de Aduanas, experimentó modificaciones en la Constitución de 1999; sin embargo, la norma constitucional hoy en vigor califica como leyes orgánicas aquellas que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales o para servir de marco a otras leyes, condiciones estas que en nuestra opinión cumple la Ley Orgánica de Aduanas que nos ha venido rigiendo hasta los momentos (por ejemplo, en cuanto a la determinación y distribución de competencias al Presidente de la República en Consejo de Ministros, al Ministro de Finanzas y al Superintendente Nacional Aduanero y Tributario; o en cuanto al desarrollo del derecho constitucional al libre tránsito internacional de mercancías, o en cuanto a la promulgación de diversas leyes especiales referentes al control del tráfico internacional de bienes). Podemos así concluir que la reciente Ley sobre el Delito de Contrabando muy bien pudiera estar viciada de inconstitucionalidad.

Regulación incompleta e insuficiente.- No comprendemos cómo una Ley cuya preparación exigió tanto tiempo y tantos recursos y que finalmente se materializó en un instrumento jurídico que regula exclusivamente el delito mencionado -segregando así lo que antes estaba contenido en la Ley Orgánica de Aduanas- se haya limitado a tan escuálidas disposiciones, evidentemente incompletas, como las que configuran el nuevo instrumento. Se ha desaprovechado una excelente oportunidad para acometer una regulación específica y completa de cada una de las materias implícitas y conexas con un delito tan particular, para así descartar la aplicación directa (no supletoria) de otros instrumentos jurídicos que, según la práctica lo ha demostrado, de muy poco han servido para reprimirlo. Además, es inconcebible cómo no fue creada de una vez la jurisdicción especial que era impostergable y que simplemente fue anunciada por la Disposición Transitoria del nuevo instrumento. Tampoco encontramos explicación racional para el hecho de haber sido excluido en forma tan manifiesta todo lo atinente a las atribuciones y obligaciones de la Guardia Nacional en la materia (no simplemente por ser Guardia Nacional, sino porque a esa Institución tocan, según el artículo 153 de la Ley Orgánica de Aduanas y otros instrumentos jurídicos, las funciones de resguardo aduanero): opinamos que la nueva Ley no fue precedida de un indispensable estudio científico sobre cómo fue afectada la lucha contra el contrabando por el nuevo Código Orgánico Procesal Penal y por la eliminación de los Tribunales de Hacienda. Aunque carezcamos de elementos de juicio para emitir una opinión fundamentada sobre este aspecto, nuestro ejercicio profesional ha evidenciado una sensible disminución de los respectivos procesos en todo el país y, aún más, una inexistencia casi total de sentencias condenatorias por contrabando a partir de la entrada en vigor del citado Código y de la consecuencial eliminación de los mencionados Tribunales. El sistema anterior estaba gravemente enfermo, es cierto, pero todo indica que el remedio aplicado fue todavía peor que la enfermedad, y la nueva Ley ha hecho muy poco para corregir ese estado de cosas.

Descoordinación con el Código Orgánico Tributario.- El artículo 338 del Código Orgánico Tributario configuró una Disposición Transitoria que perduraría “hasta tanto se reforme la legislación especial que regula los ilícitos aduaneros”. Tal artículo previó algunas situaciones que han quedado consagradas como delitos de contrabando en la nueva Ley que estamos examinando (verbi gratia, la simulación del numeral 1, la desviación del numeral 3, y el forjamiento, falsificación o adulteración del numeral 6). Sin embargo, la nueva Ley no efectuó ninguna alusión a ese artículo 338 del COT ni en una Disposición Transitoria ni en la Disposición Derogatoria, con lo cual tendremos mayor confusión y duplicidad de instrumentos y de tratamientos jurídicos para las mismas situaciones.

Contrabando y fraude aduanero.- Se ignoró la tendencia legislativa moderna y se desaprovechó la oportunidad para institucionalizar en nuestro país el fraude aduanero, como delito de naturaleza jurídica distinta a la del contrabando que pudiera acaso merecer las mismas penas de éste. Quedó ratificada así la praxis anti-técnica de calificar como contrabando conductas que en realidad no llevan ínsita una elusión o un intento de eludir la intervención o los controles de la aduana, al par que seguirán considerándose como simples infracciones aduaneras ciertos comportamientos abiertamente fraudulentos.

Redacción.- Las normas jurídicas exigen una redacción impecable, sobre todo cuando ellas involucran privación de la libertad individual y la aplicación de otras sanciones de marcada gravedad, como ocurre con la Ley examinada. Me dirán si ese tipo de redacción se presenta con expresiones como las siguientes:

“…la introducción, extracción o tránsito de mercancías al territorio…” (v. art. 2);

“…la declaración por cualquier medio, la presentación ante la aduana, utilizando como sustento de la base imponible o como fundamento del valor; factura comercial falsa…” (v. numeral 5, art. 4);

“…el pago a la caución…” (v. numeral 7, art. 4);

“…el órgano cuya competencia corresponda la tutela…” (v. numeral 11, art. 4);

“…la determinación del valor será incrementado…” (v. art. 17).

Contrabando agravado.- El artículo 4 indica que “Con la misma pena del delito previsto en el artículo 2 de la presente ley, aumentada de un tercio a la mitad se castigará…”. Persiste así la característica que presentaba la Ley Orgánica de Aduanas en su artículo 105, pues con esta nueva norma no se establecieron otras modalidades del delito distintas a las del artículo 3 (lo que queda ratificado al remitir la disposición al delito “previsto en el artículo 2”). Esto significará que las diferentes causales contempladas en este artículo 4 sólo podrán accionar cuando se haya configurado el tipo básico consistente en la acción u omisión que eluda o intente eludir la intervención o el control de la autoridad aduanera. Lo pertinente era establecer esas nuevas modalidades, lo que se habría logrado fácilmente con disponer algo así: “Se incurrirá también en delito de contrabando y la pena prevista en el artículo 2 será aumentada de un tercio a la mitad, en los siguientes supuestos…”

A lo expuesto hay que agregar que el artículo 23 previó las circunstancias agravantes del contrabando, lo que mueve a preguntarse: ¿Cómo operarán estas circunstancias con respecto a lo establecido en el artículo 4, si ya en éste último se contemplaron variantes del contrabando agravado? Lamentablemente, es ostensible la falta de una disposición sobre la necesaria coordinación entre estas dos normas.

Contrabando administrativo.- El artículo 2 establece para todos los casos de contrabando pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin excepciones. ¿Cómo se explica entonces que el artículo 5 haya preceptuado que cuando el valor en aduanas de las mercancías no exceda de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) corresponderá el conocimiento de la causa a la Administración Aduanera y Tributaria en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas? ¿Pretendió acaso el legislador que la autoridad administrativa puede ahora aplicar penas restrictivas de la libertad personal? ¿Y como queda entonces el artículo 44 de la Constitución?

Si lo que el legislador pretendió fue eliminar la pena corporal para los señalados casos que no excediesen de 500 U.T., así lo debió establecer en forma clara y contundente, haciendo la necesaria salvedad en el artículo 2. Pero no lo hizo así.

Y otra cosa ¿Cómo se podría aplicar la Ley Orgánica de Aduanas para esos casos de pretendido contrabando administrativo, si todo el Capítulo I del Título VI de esa Ley, sin salvedades, fue derogado por la Disposición Derogatoria Única de la nueva Ley?

Remuneración y obvención.- Confundió la nueva Ley estas dos clásicas instituciones del Derecho Aduanero venezolano, pues la obvención (sobre la cual, por cierto, muchos funcionarios aduaneros abogan por su restablecimiento, pues estuvo contemplada en el artículo 148 de la Ley Orgánica de Aduanas de 1978, el cual a su vez la recogió de normas precedentes de gran tradición) guarda relación con la eficacia del funcionario en el reconocimiento de equipajes y en la aplicación de sanciones derivadas de infracciones aduaneras, mientras que la remuneración siempre ha estado relacionada con el delito de contrabando y con la imposición de la pena de comiso que éste acarrea, y así la denominó desde hace muchas décadas el artículo 333 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. Pero aceptemos que se trata de una simple cuestión de semántica o de una reforma institucional: no es tal cosa lo que nos interesa destacar, sino otros aspectos como los siguientes:

- Las dos instituciones mencionadas, es decir, tanto la obvención como la remuneración, han perdido vigencia y justificación y en la actualidad no figuran en la mayor parte de las legislaciones del mundo. Algunos países latinoamericanos que las consagraban, ya las han eliminado y si acaso perduran ello es exclusivamente en beneficio de los particulares, mas no de los funcionarios, pues estos poseen ya su remuneración específica por el cumplimiento del respectivo deber. En Venezuela, como dijimos, ya la obvención del funcionario aduanero desapareció, pero no ha ocurrido lo mismo con la remuneración de los denunciantes y aprehensores, de la cual los mayores beneficiarios han sido los funcionarios militares del ramo. Estamos, pues, en presencia de una odiosa discriminación que ha sido ratificada en la Ley que estamos comentando y que sólo se explica (mas no que se justifica) si recordamos aquel viejo refrán: quien tiene más saliva, traga más harina. Nuestros militares de hoy, evidentemente, generan más saliva. Y tragan mucho.

- La remuneración del denunciante (5%) es manifiestamente escuálida. El denunciante puede correr graves peligros cuando delata y, como es lógico, únicamente con una buena retribución podría atreverse a dar tal paso. No es de extrañar, entonces, que bajo la vigencia de la nueva Ley desaparezcan por completo los denunciantes o que la acción de estos se limite a casos de poca monta, sobre todo si, como ahora, la identidad del denunciante ya no puede mantenerse más en secreto porque el artículo 26 de la Ley examinada obliga a que la denuncia llene todos los extremos exigidos por la legislación penal (el artículo 286 del COPP obliga a que la denuncia contenga la identificación y domicilio o residencia del denunciante). En cambio, sí podrían existir muchos aprehensores, quienes además de sus sueldos tendrían derecho a un premio cinco veces mayor que el de los denunciantes. Y, por supuesto, no faltarán (como ocurría antes) casos de “contrabandos” prefabricados que inmoralmente perseguirán tan jugosa ganancia.

- En otros países los servicios aduaneros cuentan, para su propio progreso y eficacia, con los llamados “fondos rotatorios”, los cuales se nutren en forma importante con el producido de muchos artículos de contrabando que se podrían disponer sin causarse mayores daños socio-económicos internos. Es mi opinión que, siguiendo ese orden de ideas, tal producido ha debido agregarse a lo que ya previno el Parágrafo Primero del artículo 3ª de la Ley Orgánica de Aduanas con respecto a las tasas, en lugar de crearse esa entelequia de “órgano aprehensor” (sabemos que la aprehensión constituye una acción física que requiere la indispensable actuación de personas naturales). Además, no se entiende eso del “fondo orientado a cubrir los gastos y costos” generados por la intervención del órgano aprehensor, cuando este órgano necesariamente tiene que contar con los recursos presupuestarios del caso.

- La remuneración ha sido fijada en un cuarenta por ciento (40%) del producto del remate de las mercancías decomisadas; pero cuando el artículo 25 distribuye ese porcentaje, erróneamente incluyó el otro 60% para salud, deporte y educación (como es lógico, una parte de lo que se va a distribuir no puede ser superior al total a distribuir). Más sencillo y claro hubiese sido expresar que el producto del remate se distribuiría en un 60% para salud, deporte y educación y en otro 40% para aprehensores y denunciantes, en las proporciones deseadas.

- No se sabe si el 60% para salud, deporte y educación ingresará al Erario Público y estará afectado por el principio de unidad del tesoro, o si será repartido directamente a cuentas especiales de los Ministerios del ramo o de otros organismos públicos. Tampoco se indicó la manera de distribuir ese porcentaje con respecto a sus tres áreas de destino.

- El artículo 25 reseñó solamente tres formas de disposición de la mercancía decomisada: remate, destrucción o donación. No se previeron otros mecanismos como la venta, la exportación o reexportación, la permuta, el arrendamiento, la disposición por el propio Estado, etc., lo cual sin duda limitará las posibilidades de actuación según la naturaleza de los bienes y afectará por consiguiente la remuneración examinada. Aparte de esto, cuando la mercancía sea destruida o donada, dice la norma que el 10% del órgano aprehensor será destinado a pago para denunciantes y aprehensores. Nos preguntamos: ¿Cómo se va a determinar ese 10% si la mercancía no fue rematada? ¿Será que acaso este 10% refiere al valor de la mercancía? Y, de no ser así, ¿A cuál otra magnitud refiere? Pero, suponiendo que pueda determinarse ese 10% del órgano aprehensor ¿Cómo se distribuirá entre aprehensores y denunciantes? ¿Será acaso a prorrata entre el 25% de aquellos y el 5% de estos? Y de ser así ¿Se repartirá ese 10% del órgano aprehensor en un 2,5% y en un 0,5% respectivamente, quedando el remanente para el órgano mismo? Y de no ser así ¿Cómo diablos se repartirá entonces ese 10%, si la norma nada nos aclara sobre el particular? ¿Tendremos acaso que esperar por un Reglamento que invada materias que correspondían a esta Ley francamente deficiente?

- Ya los simples particulares no podremos ser aprehensores de mercancías de contrabando, en el evento de que nos encontremos con bienes de evidente procedencia ilícita que pudiésemos incautar –para evitar así su desaparición- y entregar de inmediato a las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque el artículo 26 de la nueva Ley confinó el carácter de aprehensores para los “funcionarios”.

Declinatoria de competencia.- Mucho nos ha llamado la atención el artículo 6 de la nueva Ley, donde se consagró una declinatoria de competencia general y obligatoria hacia la oficina aduanera de la jurisdicción, cuando se hubiere determinado la inexistencia del delito de contrabando. Las declinatorias ocurren cuando el órgano ante el cual cursa la causa, antes de entrar a conocer y decidir el fondo del asunto, se considera incompetente para ello por cualquier razón (por la materia, por el territorio, por la cuantía, etc.), estimando que es otro órgano el competente, al cual debe remitirse el expediente mediante las formalidades del caso. Es obvio que cuando la autoridad ante la cual cursa la causa determina la “inexistencia del delito de contrabando”, forzosamente esa autoridad tuvo primero que entrar a conocer del fondo del asunto, vale decir, tuvo que declararse competente para así poder llegar a tal conclusión. La analizada declinatoria prevista en el artículo 6, pues, resulta un completo dislate jurídico. Otra situación se presentaría si, por ejemplo, la autoridad considerase que el asunto examinado no constituye contrabando, pero sí una posible infracción aduanera: es evidente que en este caso se justificaría que la causa sea remitida a la oficina aduanera; sin embargo, no necesariamente en todos los casos en los cuales se determina la inexistencia de contrabando ha de sobrevenir esa posible infracción aduanera. De ahí que la norma examinada sea muy cuestionable, pues, repetimos, estableció una declinatoria de competencia general y obligatoria a todas luces absurda.

Valor de las mercancías.- Expresa el artículo 7 de la nueva Ley que el valor en aduana de las mercancías será determinado “según las normas de valoración aplicables para las mercancías objeto de importación definitiva, para la fecha de la comisión del presunto contrabando”. Muy bien, si se trata de contrabando de introducción. Pero ¿Qué cosa vamos a hacer cuando se trata de un presunto contrabando de extracción que se haya cometido o se pretenda cometer con mercancías nacionales, y no con mercancías extranjeras? ¿Cómo vamos a tomar unas mercancías nacionales como si fuesen extranjeras para así aplicarles normas de valoración vigentes para las importaciones, normas que, como todos sabemos, sólo son aplicables a productos extranjeros? Otro manifiesto absurdo jurídico que conlleva un enorme vacío legal y que confirma la tradición nefasta de confeccionar leyes orientadas únicamente a las importaciones y a los ingresos de mercancías, mas no a las salidas o exportaciones de estas.

Imperfecciones de los tipos penales.- Dentro de tantas observaciones que podrían formularse sobre este tópico, nos limitaremos a lo siguiente:

Con respecto al artículo 3:

Numeral 3.- Obligar al depositario a relacionar o notificar formalmente a la aduana el accionamiento de una causal de abandono legal del cual tenga conocimiento, nos luce una innovación sin sentido y sin contenido práctico. En efecto, todos sabemos que en nuestra legislación no se halla establecida obligación alguna de informar a los depositarios sobre cuándo los consignatarios, exportadores o remitentes presentan la declaración de aduanas, para así poder conocer con certeza si la causal de abandono atinente a la falta de presentación oportuna de tal declaración se materializó en determinado caso. Y en cuanto a la causal de abandono legal por falta de retiro ulterior al reconocimiento, tampoco es dable al depositario saber con precisión la fecha del reconocimiento (excepto en los casos de reconocimiento físico) ni las eventuales y muy abundantes razones por las cuales el retiro de los bienes no se ha producido, razones que muy bien pudiesen excluir la causal de abandono comentada. En cambio, es la Aduana la que debe saber con absoluta precisión el momento en que se concreta una causal de abandono legal, pues para ello cuenta con toda la información necesaria: manifiestos de carga, actas de recepción de los cargamentos, constancias de ingreso de las mercancías a los depósitos, declaraciones de aduanas, canales de selectividad para los reconocimientos, tipos de reconocimientos, órdenes de despacho o levante y, finalmente, confrontaciones de salida. Si los sistemas automatizados imperantes en nuestras principales aduanas no suministran la respectiva información de abandono en el mismo momento de su ocurrencia, algo muy grave está sucediendo con esos sistemas. No se justifica, en síntesis, que se pretenda delegar en un auxiliar con dominio limitado sobre la situación legal de los bienes, algo que esencial y directamente corresponde al control aduanero. Estamos, como se ve, ante una norma de marcado cinismo.

Numeral 4.- Mientras según el artículo 2 el contrabando es un delito de resultado y de tentativa, en este numeral se diseñó únicamente un delito de resultado (impedir o evitar el control aduanero). Además, se habla de “recintos o lugares habilitados” como espacios distintos a la zona primaria de la aduana, cuando el mero hecho de estar habilitados ya los convierte en parte de esa zona primaria donde las mercancías están también bajo potestad y prenda legal aduanera.

Numerales 5 y 6.- Son redundantes los términos “transporte, depósito, tenencia y permanencia”. Era suficiente el vocablo “tenencia”, que involucra a los demás en estas causales específicas.

Numerales 7 y 8.- Hizo falta en estas causales la alusión a los casos fortuitos y de fuerza mayor como excluyentes del delito, tal como lo hizo, por ejemplo, el numeral 10. Si, por ejemplo, en virtud de un accidente vial, un derrumbe o la rotura de un puente, las mercancías no pueden circular por la ruta indicada en forma expresa por la autoridad aduanera, el vehículo deberá detenerse (quién sabe por cuánto tiempo) mientras se obtiene un cambio de ruta, para así no incurrir en el delito. Y si por casualidad en razón de algún accidente se viola, rompe, altera o destruye algún precinto, sello, marca, puerta, envase u otro medio de seguridad de las mercancías, ello configurará automáticamente el delito, según la nueva Ley.

Numeral 9.- Cuando el manifiesto de carga no incluye la llamada “cláusula de trasbordo” es obvio que para poder transbordar la mercancía se requerirá autorización aduanera. Pero esta autorización es innecesaria cuando el referido documento incluye la cláusula en mención, puesto que al entregarse el original del mismo a la aduana (lo que es obligatorio, según la ley) ya ella estará enterada de la movilización que experimentarán las mercancías y podrá tomar las medidas de control que estime pertinentes. En consecuencia, este numeral parece haber establecido una obligación general de solicitar autorización aduanera para cualquier trasbordo de mercancías extranjeras que se vaya a realizar en el territorio nacional, haya sido o no relacionado en el sobordo o manifiesto de carga, lo que sin duda excede el ámbito de la norma penal e invade materia de la norma aduanera sustantiva. Llama también la atención el que, a diferencia de otras normas de la misma Ley, en este numeral sólo se haya hablado de “territorio nacional” excluyéndose la referencia a los “demás espacios geográficos de la República”, lo cual podría permitir que ciertos transbordos (por ejemplo, los realizados sin autorización en espacios acuáticos, directos de buque a buque) queden fuera del alcance del delito de contrabando.

Numeral 10.- Esta norma peca por su exagerada amplitud: al aludir a los “lugares contiguos o cercanos a las fronteras y demás espacios geográficos de la República”, abarca toda mercancía abandonada que se encuentre en cualquier parte del país, lo que -como es lógico- no necesariamente presupone que esa mercancía haya ingresado o vaya a egresar ilícitamente. A mi entender esta causal ha debido ser condicionada a dos requisitos esenciales: primero, que el bien abandonado o sin dueño conocido (mostrenco o derrelicto) se encuentre dentro de la “zona de vigilancia aduanera”, entendida ésta como franja fronteriza, aguas territoriales, dependencias federales y espacios circundantes a la zona primaria y a los depósitos y almacenes aduaneros, así como a los regímenes aduaneros especiales de carácter territorial (cual es el caso de las zonas y puertos libres o francos); y segundo, que se trate de mercancías extranjeras en general o de mercancías nacionales o nacionalizadas sometidas a derechos o requisitos de exportación.

Numeral 12.- Hablar de introducción “al territorio aduanero” parece dar a entender que el ámbito de las zonas, puertos, almacenes libres o francos y otros regímenes territoriales especiales, no formase parte de ese territorio aduanero, lo que desde un punto de vista técnico y de acuerdo a los instrumentos legales que regulan tales instituciones, no es así. Ha debido, entonces hablarse de “resto del territorio aduanero”, tal como lo hizo, por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 102 de la Ley Orgánica de Aduanas.

Numeral 13.- Esta causal ha debido englobarse con la del precedente numeral 11, para que de ese modo éste último abarcase tanto los vehículos de transporte acuático como los de transporte aéreo, ya que no existen razones justificadas para que en estos supuestos se establezca un doble tratamiento según el tipo de transporte utilizado. Aparte de ello, esta norma, dada su exagerada amplitud, podría afectar el llamado “paso inocente” que se ejecuta con mercancías destinadas al tráfico legítimo con otros países, pero que desde un punto de vista técnico aduanero no se pueden considerar como de tránsito porque no están amparadas por documentación específica para las aduanas venezolanas ni van a ser objeto de descarga, trasbordo ni de almacenamiento en nuestro país.

Con respecto al artículo 4:

Numeral 2.- Se habla aquí de “suministros, repuestos, provisiones de a bordo” como si fuesen mercancías diferentes: en realidad el concepto técnico aduanero de la provisión de a bordo comprende los repuestos y los suministros. Por otro lado, se limita este numeral a los efectos destinados a uso o consumo “a bordo de los vehículos de transporte”, cuando dicho concepto de provisión de a bordo abarca multitud de productos destinados a uso o consumo dentro de la zona primaria aduanera (no necesariamente a bordo de los vehículos) e incluso, en casos muy particulares, fuera de esa zona primaria.

Numeral 3.- Este numeral se concreta a las mercancías en proceso de sometimiento a un régimen de almacén o depósito aduanero que sean objeto de ciertos actos ilegales consistentes en desviación, consumo, disposición o sustitución no autorizados. Es evidente que no fueron abarcados aquí esos mismos actos ilegales, pero realizados con mercancías que no se encuentran en proceso de sometimiento a un régimen de depósito o almacén aduanero, como ocurre con las mercancías que circulan a través del territorio en una operación de tránsito internacional. Tampoco se aclara en este numeral que cuando las mercancías deben permanecer a la orden de la aduana en los propios locales del interesado, estamos igualmente en presencia de un régimen de almacén o depósito aduanero.

Numerales 5 y 6.- Constituye una verdadera aberración jurídica sancionar al que declara por presentar un documento irregular que le ha sido remitido por su proveedor extranjero, sin que en la irregularidad haya tenido participación o conocimiento alguno ese declarante. Muchas veces el importador obliga al proveedor, para cerrar la negociación, a que le suministre un documento exigido por la legislación venezolana bajo ciertas formalidades específicas; y muchas veces también el proveedor, bajo el único interés de realizar su exportación, incurre en ilegalidades no conocidas por el importador. Al ratificarse aquí la norma que había venido rigiendo se incurrió, pues, en un exceso.

Numeral 10.- Al no haber sido incluidos aquí los actos de desviación y sustitución (a diferencia de lo que se hizo en el numeral 3), quedaron sancionadas solamente conductas de resultado y no de tentativa, como son las de “destinar” las mercancías al comercio, uso o consumo en el territorio nacional. Tampoco se aclara el tipo de tránsito al cual refiere esta disposición, ni si éste se realiza con mercancías extranjeras o también con las nacionales o nacionalizadas, lo cual constituye una imperfección, pues no es lo mismo el uso o consumo en el país del producto extranjero no nacionalizado que el del producto nacional o nacionalizado, aunque en ambos casos se encuentren en tránsito.

Numerales 11 y 12.- Ha debido agregarse aquí el supuesto contemplado en el numeral 18, que básicamente refiere a lo mismo. Según la redacción de estos incisos, quedan en ellos comprendidos los casos de ingresos o egresos que hayan contado con el debido control aduanero y con la respectiva orden de despacho, lo que es manifiestamente inaceptable porque es la autoridad aduanera la que debe velar por el cumplimiento de las normas aplicables. Del mismo modo, no se previó que según la legislación especial de la materia, el silencio en dar respuesta oportuna al planteamiento del futuro exportador lo habilita para realizar la exportación. En el numeral 12 sólo se hizo alusión al país de origen, debiéndose incluir también el de procedencia legítima.

Numeral 14.- Han debido excluirse de este numeral los casos en los cuales el canal de selectividad hizo accionar la obligación de un reconocimiento físico (canal rojo), en el cual la aduana tendrá que detectar la evidente diferencia entre las mercancías documentadas y las realmente sometidas a su potestad. Por otra parte, nos parece una impropiedad haberse hablado de “recinto aduanero”, cuando lo pertinente era aludir a la “zona primaria” de la aduana.

Numeral 15.- Esta norma, tal como se encuentra redactada, carece de sentido y no puede ser gramaticalmente interpretada.

Numeral 16.- Según el artículo 1 de la Ley examinada, su objeto es tipificar y sancionar el delito de contrabando que se cometa “en el territorio y demás espacios geográficos de la República”. Sin embargo, en este numeral se incluye el transporte, tráfico, depósito y tenencia de ciertos productos “fuera” de ese territorio y espacios geográficos. Evidente contradicción. Pero, fuera de esta observación, existe algo más importante: no se aclara en ninguna parte que los productos mencionados deben ser necesariamente de origen venezolano, ni se especifica a cuáles formalidades refiere este numeral, pues si el mismo alude a otros territorios o espacios geográficos, es obvio que en estos quedan comprendidos todos los países extranjeros. Entonces, ¿Puede nuestro país establecer formalidades de operatividad que vayan a regir en otros países? Y si se tratase de formalidades establecidas por esos otros países ¿Cómo vamos a sancionar con una Ley venezolana los incumplimientos de normas contenidas en leyes extranjeras?

Numeral 17.- Cabe aquí la misma observación que formulamos para los numerales 11 y 12: ¿Y si el ingreso o egreso han contado con la previa autorización u orden de despacho de la Aduana, órgano al cual corresponde velar por el cumplimiento de las respectivas normas?

Numeral 19.- A mi entender la redacción de este inciso es francamente deficiente, por diversas razones, tales como: a) se sancionan conductas de resultado y no sus tentativas; b) no fueron abarcados todos los derechos de propiedad intelectual amparados por la legislación vigente en nuestro país, que de conformidad con el Acuerdo de Marrakech son: derecho de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, información no divulgada y prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales; c) no se estableció condicionamiento alguno al interés o a la acción del titular del derecho de propiedad intelectual; y d) no se identificó con precisión el Acuerdo aludido en el numeral, ni se hizo alusión a otros instrumentos jurídicos vigentes en Venezuela sobre la materia.

Colofón.- La nueva Ley sobre el Delito de Contrabando constituye una muestra vívida y palpitante sobre cuáles son las características personales e institucionales de quienes en una u otra forma permitieron que, con tantas deficiencias, haya pasado a formar parte de nuestro derecho positivo. Ella es y será un claro ejemplo de cómo la ignorancia, la mediocridad, la improvisación, la discriminación, la autosuficiencia, la temeridad y, en una palabra, la irresponsabilidad, pudieron en determinado momento enseñorearse en nuestra realidad aduanera de una manera tan lamentable en un área que, dada su importancia y trascendencia, demandaba mayores dotes de elevación institucional y de esa humildad y gallardía personal que hacen posible tomar conciencia de las propias limitaciones.

Autor: Marco Antonio Osorio Ch.

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