Arribamos a la vigési-ma cuarta edición del Boletín A-duanero. En estos dos años hemos se-guido atentamente la actividad adu-anera venezolana, con visión crítica, pero esquiva a todo afán dañino o embozado. Al releer nuestro primer editorial, nos asiste la satisfacción de no haber extraviado el camino; ciertamente, hemos promovido al análisis y la discusión, hemos roto el silencio, oído y denunciado y dece-nas de propuestas han encontrado aposento en estas páginas.
La Providencia nos deparó el afecto y el apoyo de generosos colabora-dores. Mes tras mes, han puesto en las manos del editor los productos de su esfuerzo y de su amor al sistema aduanero nacional, mientras millares de lectores no disimulan su aprobación al esfuerzo conjunto.
Como país, hemos podido evitar errores. A este aserto nos lleva la sanción y promulgación de la Ley Sobre el Delito de Contrabando por los respectivos poderes públicos, las cuales nos imponen serias reflexio-nes acerca de la labor legislativa del Estado venezolano, en lo atinente al quehacer aduanero.
Por una parte, nos encontramos con la tozuda negativa a redactar un Código Orgánico Aduanero, a pesar de las múltiples y evidentes venta-jas que muchos han señalado en múltiples ocasiones y que son de dominio público; por otra, la tendencia a producir una dispersión normativa: primero, con la multipli-cidad de reglamentos de la Ley Orgánica de Aduanas y, luego, con esta Ley que parece haber sido redactada en un aquelarre legis-lativo.
Nunca ha sido demasiado temprano para enseriar la función legislativa aduanera, como nunca será demasi-ado tarde para empezar a endere-zar los entuertos y fallas decimonó-nicas que muestran nuestras nor-mas jurídicas. Lo que ha faltado desde hace varias décadas es la voluntad de asumir la tarea, la disposición de reconocer errores ajenos y propios, pasados o presen-tes y la determinación de asumir los grandes retos que nos impone un mundo cada vez más complejo y exigente.

C.A.S.

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