La Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional dice que «El comiso consiste en la pérdida de los efectos sujetos al pago de impuestos, de los vehículos en que se transporten, de los envases o recipientes que los contengan, y de las construcciones, instalaciones y equipos destinados especialmente para elaborar, recibir o depositar aquellos efectos, de acuerdo con la ley especial que establezca la pena» (Art. 307). Más adelante, en su artículo 332, señala que «Los efectos decomisados se adjudicarán en todo caso al Fisco Nacional», quien podrá «disponer de ellos de la manera que considere más conveniente».

Es notorio que el comiso es un ataque a la propiedad privada, que se materializa no sólo sobre los efectos objeto de la infracción sancionada por el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, si no también -en el caso de contrabando- sobre vehículos, semovientes, enseres y utensilios utilizados para la comisión del delito.

Visto desde la óptica de nuestras dos últimas constituciones (1961 y 1999), el sostén jurídico del comiso aduanero ha sufrido siempre de gran precariedad; antes, por cuanto el artículo 101 de la Carta derogada restringe a causas de utilidad pública o interés social la expropiación de cualquier clase de bienes, previa sentencia firme y pago de justa indemnización; ahora, en virtud de que la nueva Constitución hace suyo el texto anterior pero, además, confiere rango constitucional a las confiscaciones (Art. 116) y restringe su aplicación a la judicatura («mediante sentencia firme»), eliminando cualquier posibilidad de que sean impuestas por autoridad administrativa.

Por cuanto que «confiscación» y «comiso» son sinónimos, a decir del Diccionario de la Real Academia española, la Asamblea Nacional, obedeciendo el mandato contenido en el artículo 335 del Código Orgánico Tributario, debe proceder a adecuar la legislación aduanera a los preceptos constitucionales, eliminando el comiso y sustituyéndolo –proponemos- por multa equivalente al valor de los efectos objeto del delito y su reexpedición inmediata a costa del infractor.

Esta sustitución no sólo produciría una adecuación legal a las normas superiores si no que, además, pondría fin a una serie de vicios y corruptelas que se han tejido alrededor de los bienes decomisados, los cuales han servido para adular a las altas esferas del poder político o para facilitar pingües ganancias a quienes han hecho del remate y disposición de bienes adjudicados una vía rápida y fácil de obtener riqueza.

Las ventajas de de la sustitución propuesta son evidentes. Para empezar, un sustancial ahorro de energía administrativa al eliminar los remates, el cuido de las mercancías y los controles administrativos requeridos; luego, se acabaría con la pérdida de bienes por robo, deterioro y otros de similar naturaleza que convierten bienes valiosos en simples anotaciones contables. Además, la República obtendría de manera rápida y económica los recursos provenientes de las multas y los bienes podrían ser usados en otras latitudes donde pudieran ser apreciados. Como es lógico, quedarían fuera de esta sustitución los efectos que atenten contra la salud, contra la moral y la paz públicas y otros que por ser intrínsecamente perniciosos deban ser destruidos de inmediato.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
 

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