El concepto de tasa está indefec-tiblemente ligado a la recepción de un servicio que el Estado presta, de forma individuali-zada, a quien rea-liza el pago. Es la contrapartida tributaria de la figura del precio en el derecho mercantil. A diferencia de los impuestos, las tasas no se difuminan en la idea de un beneficio colectivo e indivisible, tales como la defensa nacional, la salud pública, las obras de infraestructura, etc. En breves términos, tasa es el «precio» que voluntariamente paga el contri-buyente por un beneficio que de manera particular le provee el Esta-do. Es voluntaria, por cuanto el par-ticular puede decidir no recibir el servicio ni soportar la carga imposi-tiva.

Cosa antagónica con la percepción de un servicio, son las medidas de policía administrativa que el Estado ejerce en beneficio de la colecti-vidad, pero restringiendo la libertad individual, causando molestias y exigiendo a la población conductas que de otra manera no serían ob-servadas. Ejemplo vivo de tales medidas de policía son las aplicadas por las aduanas, quienes imponen «hacer», «no hacer» y «soportar» que nada tienen que ver con la voluntad de quienes las toleran.

¿Puede hablarse de tasas aduane-ras? ¿Cuál es el beneficio que recibe el consignatario o el exportador por la actuación de las aduanas? La respuesta es sencilla y directa: nin-guno. Por el contrario, se les restrin-ge el ejercicio de la propiedad, del libre tránsito y de otros acordados constitucional y legalmente. Por ello, hablar de tasas aduaneras es tan absurdo como crear una tasa por «petición de cédula de identidad», por «revisión de los documentos de propiedad de los vehículos automo-tores» o de «paso por alcabala».

Las aduanas no prestan servicio alguno al usuario de ellas individual-mente considerado y, por tanto, incurren en inconstitucionalidad e ilegalidad al cobrarles, como si fue-ran servicios, lo que no son más que medidas de policía administrativa y, por ende, restricciones a la libertad individual.

C.A.S.

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