Con estos artículos, la Constitución venezolana se adhiere a la tradición constitucional universal de que sólo el pueblo puede limitar los derechos de los ciudadanos o -en términos de democracia representativa- que sólo los representantes del pueblo legítimamente elegidos y previo cumplimiento de las formalidades correspondientes, pueden limitar el ejercicio de derechos que son inherentes a la soberanía popular. En la práctica, esto significa que únicamente mediante ley formal se pueden establecer limitaciones a la libertad de los individuos y que cualquier manifestación de voluntad del Poder Ejecutivo que implique limitaciones de esta naturaleza es inconstitucional y, por ende, nula de nulidad absoluta. Esta exclusividad acordada a la ley es lo que la doctrina denomina reserva legal.

En Venezuela, el ingreso y salida de mercancías están regidos por la Ley Orgánica de Aduanas; su doble carácter de orgánica y especial le confieren –en esta materia- preeminencia sobre cualquier otra ley y la ubican apenas a un escalón por debajo de la Carta Fundamental.

Es obvio que las medidas aduaneras que se aplican a la entrada de salida de bienes del territorio nacional constituyen restricciones a la propiedad y al derecho de las personas de introducir y sacar sus bienes y pertenencias sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Cualquier limitación que se señale desatendiendo la reserva legal ordenada por la Constitución adolecería de nulidad absoluta y generaría variada responsabilidad para quien la aplique.

En su artículo 83, nuestra Ley Orgánica de Aduanas clasifica las mercancías sujetas a operación aduanera como gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos; además establece el carácter calificador del Arancel de Aduanas, penando con nulidad absoluta cualquier calificación realizada fuera de este instrumento, aun cuando obedezca a la clasificación señalada.

En resumen, podemos decir que la Ley clasifica y que el Arancel califica, es decir, señala las circunstancias de una subpartida arancelaria dentro de la clasificación legalmente establecida. En ausencia de una expresa e inequívoca calificación restrictiva acordada a una subpartida de acuerdo a la codificación establecida en el artículo 12 del Decreto 989, las mercancías en ella contenida deben considerarse como de importación libre, dado que la libertad es la norma y la restricción la excepción.

El artículo 14 del Arancel de Aduanas con el que se pretende darle carácter obligatorio a la exigibilidad de Normas Venezolanas COVENIN, es inconstitucional e ilegal. Lo primero, por cuanto no le está dado a normas sublegales establecer restricciones a la libertad ni a los derechos consagrados en la Constitución; lo otro, por cuanto colide con el artículo 83 de la Ley Orgánica de Aduanas, al pretender restringir sin calificar, dejando a otros instrumentos legales la función calificadora que de forma expresa la Ley otorga al Arancel de Aduanas. Además, invade materia de reserva legal al crear la clasificación de “no desaduanable” y con ello un limbo jurídico para mercancías que sin estar decomisadas por aplicación del artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas, tampoco pueden ser entregadas a su legítimo propietario.

En conclusión, hasta tanto no se incorpore al artículo 12 del Arancel de Aduanas un código relativo a las Normas COVENIN y éste se inserte en el Régimen Legal correspondiente a cada subpartida que se pretenda restringir, cumpliendo de esta forma con el carácter calificador que la Ley otorga al Arancel, dichas Normas no son exigibles en aduanas ni pena alguna aplicable a quien lo las presente.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
 

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