Agosto de 2006 | Boletín #31

¿Otra norma inconstitucional?

En el ámbito aduanero hemos visto cómo ha ido creciendo en nuestras aduanas la aplicación de la sanción establecida en el artículo 121, literal f) de nuestra Ley Orgánica de Aduanas, mejor conocida como multa por impedir o retrasar el ejercicio de la potestad aduanera. Sin embargo, más que la aplicación en sí, lo que nos sorprende es el sin fin de comportamientos, que a criterio de los Gerentes de la Aduanas, pueden configurar el hecho generador de la norma penal, así como su extraña y anómala aplicación en momentos de mala recaudación en una aduana de turno.

Esto nos hace reflexionar sobre el sentido de esta sanción y su verdadero apego al ordenamiento jurídico positivo; veamos:

La Potestad Aduanera se encuentra establecida en el Artículo 6º de nuestra Ley Orgánica de Aduanas y expresa lo siguiente:

“La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7º, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional”

Una vez definida por Ley la tal Potestad, nuestro legislador estableció también las infracciones relacionadas con la misma y, específicamente las cometidas al respecto por los Auxiliares de la Administración Aduanera. Así, el literal f) del artículo121 expresa:

“Las infracciones cometidas por los Auxiliares de la Administración Aduanera: transportistas, consolidadores, porteadores, depositarios, almacenistas, agentes de aduanas, mensajeros internacionales, serán sancionadas de la siguiente manera:

f) Cuando impidan o retrasen el ejercicio de la potestad aduanera, con multa equivalente entre cien unidades tributarias (100 U. T.) y mil unidades tributarias (1.000 U. T.)”

Cuando analizamos esa norma nos preguntamos: ¿Cómo se puede impedir o retrasar el ejercicio de la potestad aduanera? Y la respuesta es muy sencilla: ELLO QUEDA A JUICIO DE LOS GERENTES DE LAS ADUANAS. ¿Por qué decimos esto? Porque ningún comportamiento concreto está descrito en la norma como aquel que impide o retrasa la Potestad en mención: es el Jefe de la Oficina Aduanera quien tendrá que decidir, primero, si el comportamiento afecta la potestad aduanera y, segundo, si ese comportamiento impidió o retrasó el ejercicio de la misma. Esto a todas luces me resulta contrario a nuestra Constitución.

Una de las garantías Constitucionales es la del Debido Proceso y uno de los aspectos que configura tal garantía es el principio de legalidad de la pena. Veamos lo que dice la Carta Fundamental sobre este punto:

Art. 49.- “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”

Si bien es cierto que la sanción se halla establecida en nuestra Ley Orgánica de Aduanas, no ocurre así con los actos u omisiones que pudiesen impedir o retrasar el ejercicio de la potestad aduanera. Es decir, el Auxiliar de la Administración Aduanera tiene que someterse a la EXCLUSIVA discreción del Gerente de la Aduana para saber si en un momento dado su comportamiento impide o retrasa el ejercicio de la Potestad Aduanera. Por ende, tales actos u omisiones NO ESTAN PREVISTOS EN UNA LEY. Consecuencia: El literal f) del artículo 121 de nuestra Ley Orgánica de Aduanas es absoluta y completamente Inconstitucional!

Y como el debido proceso aplica para todas las actuaciones judiciales Y ADMINISTRATIVAS, no sirve cono excusa que la norma penal se encuentre establecida en nuestra Ley Orgánica de Aduanas, porque a todas luces es contraria al instrumento jurídico superior que rige ese actuar de la Administración Aduanera.

Sin embargo, al parecer y según se comenta en los pasillos de diferentes aduanas, resulta por demás de útil esta sanción en épocas de baja recaudación, para llevarla a los límites preestablecidos para cada aduana: ¿Será cierto este comentario de pasillo? Esperamos que no, por el bien de nuestra institucionalidad y moralidad aduaneras.

Autor: Marco Antonio Osorio Uzcátegui

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