La derogada Constitución de 1961 establecía el derecho de los ciudadanos de re-presentar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario pú-blico y a obtener oportuna respues-ta. Luego, la Carta Magna de 1999 amplía ese derecho al agregar el vocablo «adecuada», con lo que es-tablece que no basta el cumplimien-to de los lapsos señalados en la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-nistrativos y en leyes especiales, si no que es menester que la respues-ta sea adecuada, es decir, emitida de acuerdo con las normas que en su conjunto constituyen el derecho positivo del País y sujeta al bloque de la legalidad. Por estar sometida de manera muy especial al principio de legalidad, la administración adua-nera debe actuar con pleno someti-miento a la ley, por lo que no podrá crear tributos, ni establecer los ele-mentos que constituyen la relación jurídico-tributaria, ni definir el hecho imponible, ni la base de cálculo, ni la alícuota, salvo aquellos casos (verbigracia Arancel de Aduanas) que de manera expresa y limitada autoriza la ley. Pero un problema grave que prohija toda suerte de ilegalidades agobia al sistema adua-nero venezolano: la recaudación como medida de la eficacia, la per-cepción de tributos como baremo de la gestión administrativa. Por tal razón, en el altar de la recaudación fiscal se han inmolado el buen dere-cho, la jurisprudencia y la doctrina. Nada parece ser más importante que aumentar la recaudación, aun-que para ello sea necesario inter-pretar lo que no requiere interpreta-ción, obviar normas de diverso rango y torcer otras, haciendo caso omiso del artículo 4 del Código Civil.

Mientras no cambien dichos patro-nes y los principios de justicia, lega-lidad y equidad no suplanten a los actuales, la imposición constitucional de la respuesta adecuada, además de oportuna, no será más que buen deseo perdido en el mar de la ilegalidad.

C.A.S.

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