Es de larga data y público conocimiento la apropiación y manipulación de marcas comerciales que realizan comerciantes inescrupulosos, con el objeto de sorprender al comprador desprevenido y venderle «pellejo a precio de lomito». Esa conducta, que de entrada pudiera verse como una expresión de la picaresca comercial es, en realidad, un hecho punible que debe ser impedido a todo evento y contra el cual las aduanas pueden jugar un rol de suma importancia.

Tras una marca y su logotipo subyacen una cantidad de características que diferencian a un producto de los demás, afectando las preferencias del público y, por ende, la fluidez de su  comercialización y el nivel de su precio. En el caso de las marcas más reputadas, éstas gozan de la preferencia pública por la calidad de sus materiales, buenos diseños y manufactura, adecuada comercialización y precio accesible. Esto, como es lógico, requiere del productor un esfuerzo económico sostenido, un riguroso control de calidad de los insumos y productos terminados y, para resumir, la puesta en el mercado de un bien deseable para el consumidor.

¿Qué pretende los que simulan marcas y distintivos comerciales? Obviamente, beneficiarse del esfuerzo ajeno mediante el engaño al público, quien adquiere los géneros inducido por la conducta engañosa del vendedor y en la creencia de que obtiene un objeto de la calidad deseada, sin percatarse de que es víctima de un ardid y que –de consuno– se viola su derecho a obtener información suficiente, oportuna, clara y veraz  de los bienes puestos a su disposición.

Pero aun más, quines realizan esta práctica comercial indebida, incurren en delito. ¿Cuál? Veamos:
Pudiera ser el tipificado en el artículo 338 del Código Penal venezolano, que dice: “Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, así mismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.
La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.” O bien pudiera ser el señalado en el numeral 19 del artículo 4 de la Ley sobre el Delito de Contrabando, que a la letra reza: “Con la misma pena del delito previsto en el artículo 2 de la presente ley, aumentada de un tercio a la mitad se castigará: …19. El ingreso al territorio nacional, el tránsito o la salida del territorio nacional de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o de mercancías piratas, entendiendo por tales las así definidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.”

Atendiendo a la especialidad y a la novedad de los textos señalados, tiene prelación el numeral trascrito, pero en éste se observa una falla grave que anula toda posibilidad de que las autoridades aduaneras, al realizar el reconocimiento con motivo de la importación de las mercancías, puedan aplicar la sanción prevista en el encabezado de la norma, pues su aplicabilidad está condicionada al  «ingreso al territorio nacional» el cual, evidentemente, no se ha realizado para el momento del reconocimiento. Pareciera entonces procedente la aplicación del artículo del Código Penal por el Ministerio Público (no por la aduana), pero esta alternativa colisiona con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual señala que las mercancías objeto de una operación aduanera «no podrán ser objeto de medidas judiciales preventivas o ejecutivas mientras no hayan sido cumplidos los requisitos y pagado o garantizado el crédito fiscal correspondiente».

Ante el galimatías producido por la conjunción de normas caducas, inconexas o mal redactadas, el servicio aduanero nacional encuentra serias limitaciones para impedir y reprimir la estafa pública, pues la adulteración de marcas no es más que eso, dado que presenta, sin que falte ninguno, los elementos integradores de este delito.

Autor: Carlos Asuaje Sequera