Cualquier in-tento de con-tener la infla-ción que obli-tera el bien-estar de los venezolanos desde hace ya bastante tiempo, está obligado a corregir los elevados costos que tiene la actividad im-portadora nacional.

Al Impuesto al Valor Agregado que alcanza el 14%, se debe adicionar la Tasa por Servicios de Aduanas (1%) y los impuestos aduaneros de 5, 10, 15, 20% (sin contar los recargos y los DAV), como tributos direc-tamente percibidos por la República; a ello se debe sumar el escandaloso precio del almacenamiento, el agenciamiento aduanal, el costo de las «muestras» que se embolsillan algunos funcionarios, los «regalitos» para evitar problemas en la alcabala de confrontación, las apropiaciones indebidas de los funcionarios del SASA y otros gastos más que no se reflejan ni pueden reflejarse en los libros de contabilidad.

Ante un Estado autista, la actividad importadora en Venezuela se ha convertido en una suerte de aventura, sujeta a todo género de contingencias desde el inicio de los trámites preparatorios (obtención de permisos, licencias, autorizaciones, análisis, etc.), hasta los inacabables sobresaltos producidos por un control posterior cada vez más maleante y ajeno a los intereses de la colectividad.

Mención especial en esta danza de millones merece el Servicio Autónomo Nacional de Norma-lización, Calidad, Metrología y Re-glamentos Técnicos (SENCAMER); su condición de órganos descon-centrado con autonomía financiera y la pésima orientación que se le imprimió hace ya bastante tiempo, lo ha convertido en un ventorrillo de permisos con clara orientación especulativa; si bien debe pronunciarse sobre la calidad de bienes y servicios, ha individua-lizado cada pronunciamiento de manera tal que cobra por cada uno de ellos. Tal voracidad financiera, de dudoso soporte jurídico, requiere un debate amplio y profundo para determinar el destino de las ingentes cantidades que recauda, la relación costo/beneficio y la juri-dicidad de sus  cobros.

C.A.S.