El Estado mo-derno, como cualquier hu-milde cuadrú-pedo, descan-sa sobre cua-tro patas: jus-ticia, educa-ción, salud y seguridad; ca-da una de e-llas tiene su propia importancia, pero si fuera menester cortar tres y mantener la esperanza de que el cuerpo social supere el trauma, la justicia debería salvarse, pues mediante ella se podrían reponer las amputadas.

Una expedita justicia, apegada a los procedimientos que señalen las leyes, así como a su espíritu, propósito y razón, provee a los ciudadanos las herramientas para lograr que los entuertos sean desechos y los delitos castigados, no como acto de venganza, si no como consecuencia expresa de la agresión al bien jurídico protegido y como advertencia para potenciales infrac-tores.

Pero para que la justicia esté más allá de la simple retórica y se convierta en hechos concretos, es menester que hombres probos y capaces la administren, sea como jueces, como fiscales del Ministerio Público o como funcionarios de la Administración; de no ser así, la justicia cobra carácter quimérico, más cercano –por tanto– de la novelística que de la realidad.

Visto desde este ángulo, sencillo es vislumbrar que el sistema aduanero venezolano se encuentra en grave crisis: jueces que nunca han estudiado aduanas, fiscales con pocos conocimientos jurídicos y ninguno aduanero y funcionarios obligados a recaudar a todo evento, aun con franca trasgresión de la ley, configuran un cuadro prohijador de corruptelas y males de todo género.

La especialización de la justicia aduanera es un imperativo del momento; es preciso hacer cuanto sea necesario para crear tribunales de aduanas, formar fiscales especializados en la materia, tanto del Ministerio Público como administrativos y erradicar para siempre el vicio de medir la eficiencia utilizando la recaudación como medida, pues la mejor aduana no es la que más recauda, si no la que más controla con apego a la legalidad y la justicia. Ese es su fin verdadero, venido a menos por el maridaje de la ignorancia con la corrupción.

C.A.S.