La justicia es una de las cuatro virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece; de ella se ha dicho que es el conjunto de todas las virtudes, que es el apoyo del mundo y que es el pan del pueblo, siempre hambriento de ella. Quizás por ello es que el preámbulo constitucional define a Venezuela como un Estado de justicia y en el artículo 1 del se afirma que nuestra República fundamenta su patrimonio moral en valores de libertad, igualdad y justicia.

Pero estas hermosas afirmaciones que enaltecen a la República que nos legó Bolívar, hacen aguas en lo cotidiano, en el diario quehacer, en las decisiones de los órganos del poder público que anteponen el interés crematístico del Estado al logro de la equidad, el beneficio fiscal al derecho y la exacción forzada a la legalidad.

El SENIAT ha incurrido en el grave error de establecer como baremo aduanero la recaudación y no el control, los ingresos y no la aplicación del derecho. Así, vemos proliferar multas sin asidero jurídico, comisos inconstitucionales, exigen-cias injustas e imposiciones inde-bidas. No es extraño ver a los abogados que litigan a favor de la República en los juzgados tribu-tarios, haciendo triquiñuelas e in-ventando argucias para ganar un juicio, como cualquier querellante mercantil; olvidan que a ellos no les está dado ganar por ganar, pues como representantes del Estado deben, antes que todo, buscar la verdad y hacer prevalecer la jus-ticia.

Cobrar para el erario público lo que no corresponde es también corrup-ción. Cada centavo que percibe la Nación debe tener sólido funda-mento en la ley y enterarse una vez cumplidos los procedimientos y asegurado al ciudadano el ejercicio de todas las defensas. Lo contrario es injusticia que nos recuerda la lapidaria frase de Francisco de Quevedo: «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón»

C.A.S.
 

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