A lo largo de los tres años de vida del Boletín Aduanero, hemos evitado tratar temas puntuales o, en otros términos, referirnos a actos concretos de la Administración o de los particulares. Pero esta línea se ve interrumpida por la fuerza de un acto administrativo (si acaso puede llamársele así), emanado del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y mediante el cual se pretende crear el Certificado de Demanda Interna Satisfecha, a ser solicitado en las aduanas nacionales como requisito previo para la exportación de bienes comprendidos en los capítulo 01 al 21 y 23 del Arancel de Aduanas allí señalados.

Mediante Resolución N° 59 de fecha 22 de mayo del año en curso, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación crea el Certificado mencionado, a la vez que señala (con código arancelario y descripción) las mercancías sujetas a tal requisito, «a los fines de administrar las ventas externas de los insumos, bienes y productos que integran la producción nacional en todas sus modalidades y presentaciones». Más adelante expresa (artículo 5) que «de no presentarse el Certificado de Demanda Interna Satisfecha ante la aduana respectiva, no se llevará a cabo el proceso de exportación».

Es indubitable que el ciudadano Ministro del Poder Popular para la alimentación crea de esta manera una restricción a la operación aduanera de exportación, haciendo caso omiso del artículo 83 de la Ley Orgánica de Aduanas que dice, entre otras cosas: «En dicho Arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las mercancías dentro de la clasificación señalada solamente podrá realizarse a través del Arancel de Aduanas, siendo absolutamente nula la calificación que no cumpla con esta formalidad» (cursivas y subrayados nuestros). Por ello, la Resolución que nos ocupa es nula de nulidad absoluta de acuerdo a lo pautado en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que señala que los actos administrativos serán absolutamente nulos «Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional o legal» el cual es el caso exacto de la Resolución bajo análisis.

Pero el disparatorio no termina aquí. Al día siguiente, en la Gaceta Oficial N° 38.689 de fecha 23 de mayo de 2007, en su Sumario correspondiente al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se lee textualmente: «Resolución mediante la cual se crea el Certificado de Demanda Interna Satisfecha, el cual será otorgado por este Ministerio, a los fines de administrar las ventas externas de los insumos, bienes y productos que integran la producción nacional en todas sus modalidades y presentaciones.- (Se reimprime por error de imprenta)», pero lo increíble es que la Resolución sustitutiva contiene un artículo (el N° 10) que dice: «Se deroga la Resolución dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación DM/N° 059, de fecha 22 de mayo de 2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.688, de fecha 22 de mayo de 2007». Nos encontramos con que la Resolución reimpresa contiene un artículo que deroga la que se pretende sustituir por errática y que ha debido obedecer el contenido de la Ley de Publicaciones Oficiales en su artículo 4, el cual reza: «Artículo 4.- Cuando haya evidente discrepancia entre el original y la impresión de una ley se la volverá a publicar corregida en la GACETA OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA; pero entonces deberá acompañar a dicha publicación un Aviso Oficial firmado por el Ministro a cuyo ramo corresponda la materia de la Ley indicando en que consistió el error de la publicación primitiva. En este caso, la Ley se tendrá por promulgada desde su primera publicación, pero no podrá darse efecto retroactivo a la corrección.» Pero hay más, ambas resoluciones -sustituida y sustituta-tienen el mismo número (DM/N°59), pero diferentes fechas (22 y 23 de mayo).

Pero aun más, el señalado «error de imprenta» no fue tal, pues en realidad fue una omisión de los animales correspondiente al Capítulo 01 del Arancel de Aduanas y de la prohibición de «exportar o extraer» alimentos de la cesta básica subsidiados por el Estado a través de CASA, S.A. y MERCAL, C.A.

Lo legal hubiese sido modificar el Arancel de Aduanas aplicando la Nota 14 (Permiso del Ministerio de Alimentación) a las mercancías cuya exportación se desea restringir, en aplicación del artículo 19 de dicho Instrumento.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
 

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