- El artículo 9 sujeta la aplicación de régimen tarifario preferencial derivado de tratados, acuerdos o convenios internacionales, a que las mercancías estén amparadas por un certificado de origen ajustado a lo convenido entre las Partes. Además, este beneficio sólo procederá cuando el consignatario, en el momento de la declaración, manifieste expresamente su deseo de acogerse a dicho tratamiento. Por contrario imperio, a falta de esta manifestación expresa y oportuna, el régimen preferencial no será aplicable.

- El décimo artículo señala que las mercancías de exportación se declararán con el mismo código y la misma descripción señalados en el artículo 23.

- El artículo 11 es del mismo tenor del anterior, pero referido al tránsito aduanero; agrega que el impuesto aplicable y, por ende, el que debe ser garantizado por parte del consignatario de mercancías de tránsito, se calculará de acuerdo a la tarifa señalada en la columna 3 (tarifa ad valorem).

- El artículo 12 establece el régimen legal aplicable a las mercancías de importación y tránsito (no a las de exportación). Todas señalan el ministerio que debe emitir las licencias, permisos, certificados o registros, con excepción de las notas 1 (importación prohibida), 2 (importación reservada al Ejecutivo Nacional) y 5 (certificado sanitario del país de origen). En total son quince (15) restricciones.

- El artículo 13 se refiere íntegramente a la Normas Venezolanas COVENIN de Obligatorio Cumplimiento y Reglamentos Técnicos, los cuales se deben presentar con la declaración, en un seguimiento del draconiano artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas. Aquí, como en aquel, se prioriza la oportunidad de la presentación y no el cumplimiento mismo de la Norma, abriendo al camino de frecuentes injusticias y múltiples irregularidades. Por lo demás, llama la atención la cita de los artículos 83 y 117 de la Constitución realizada desde un Decreto, que pareciera tener como única finalidad amarrar las restricciones al SENCAMER, pretendiendo conferirle rango constitucional a esa facultad.

El Parágrafo Primero se refiere a las excepciones a la obligatoriedad general, mientras que el segundo señala el tratamiento aplicable a las zonas y puertos libres. El Tercero señala de manera inequívoca que las mercancías sujetas al requisito establecido en este artículo 13, serán las señaladas en el Anexo I del Arancel. Por interpretación en contrario, las no señaladas en dicho Anexo, no están sujetas a tal requisito.

- Los artículos 14, 15 y 16 prohíben en todo el territorio nacional la importación y tránsito de desechos patológicos y peligrosos, de mercancías que violen los derechos de propiedad intelectual, así como la pornografía y efectos con alusiones, dibujos o reproducciones que induzcan a la comisión de hechos ilícitos. Este último artículo es de dudosa legalidad, pues el tipo penal es ambiguo y se deja el juicio a la moral del observador, siempre subjetiva y disímil.

- En nuestro criterio, el artículo 17 del Arancel incurre en un error al señalar que “Se prohíbe en todo el Territorio Nacional el tránsito de mercancías identificadas como Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. Al parecer el redactor de la norma olvidó que hay sustancias de este tipo que son de uso lícito y, lo que es más, imprescindible para el tratamiento y alivio de ciertas enfermedades. En la normativa internacional sobre la materia, lo que se sanciona es el uso ilícito y no el uso en si.

- El artículo 18 se encarga de dar prelación a las regulaciones establecidas por el Banco Central de Venezuela, cuando se trate de importación o tránsito de billetes de curso legal en Venezuela o en el extranjero, u oro amonedado o no.

- El artículo 19, en su totalidad referente a la exportación, señala que esta operación se ajustará a la codificación señalada en el artículo 12 del mismo Instrumento y que las restricciones serán las señaladas en el Anexo II. Con este texto, se disipa cualquier duda acerca de la ilegalidad de cualquier resolución ministerial que pretenda establecer restricciones a la exportación contrariando lo aquí expresado, lo cual tiene mayor jerarquía (Decreto).

- El artículo 20 señala que la abreviatura DV, que aparece en la columna 3 del artículo 23, manifiesta que las respectivas mercancías están sujetas a derechos variables adicionales o a rebajas arancelarias, determinados con base al Sistema Andino de Franjas de Precios.

- Se señala en el artículo 21 que los derechos y rebajas a que se refiere el artículo anterior, se encuentran en el Anexo III y forman parte integrante del Arancel.

- El artículo 22 señala que a la importación de mercancías sujetas a derechos adicionales variables se le aplicará la tarifa ad valorem total, entendiéndose por ésta el resultado de adicionar o rebajar a la tarifa ad valorem establecida en la columna 3 del artículo 23, el derecho variable adicional o la rebaja arancelaria determinada en la respectiva franja.

- El artículo 24 señala que los regímenes 1 (importación prohibida) y 2 (reservada al Gobierno Nacional) no se aplicarán a las mercancías que ingresen al Puerto Libre del Estado Nueva Esparta. Esta excepción no se aplica a los capítulos 25 a 29, 38, 40, 63 y 95. Además establece que las mercancías correspondientes al Capítulo 87, deberá ajustarse al contenido de las notas complementarias 1 y 2 de dicho Capítulo.

- El artículo 25 preceptúa que las licencias de importación establecidas mediante régimen legal 8 (licencia de importación administrada por el Ministerio de Alimentación), son aplicables a las zonas, puertos y almacenes libres o francos o in bond, así como a zonas sujetas a regímenes aduaneros especiales.

- Los artículos 26 y 27, ubicados dentro del Capítulo VI (Disposiciones Finales) se refieren a la vacatio legis (25 días hábiles) y a la derogatoria del Decreto 989 y sus modificaciones, así como los oficios de clasificación arancelaria. Además, trata el régimen temporal aplicable a los oficios de clasificación única y al Material de Ensamblaje Importado para Vehículos (MEIV)

Autor: Carlos Asuaje Sequera

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