Agosto de 2007 | Boletín #39
Editorial

Es lugar común oír entre los fun-cionarios recono-cedores de las aduanas comen-tarios acerca de su autonomía, de su autoridad para actuar y decidir a su leal saber y entender. Esta pretensión autonómica es inconsti-tucional, ilegal, absurda y contraria a principios fundamentales de la organización y funcionamiento del Estado. Veamos:

El Estado, como persona incorpórea producto de una ficción constitucio-nal, requiere de personas naturales para actuar y cumplir sus fines; esas personas de carne y hueso no actúan a nombre propio ni de acuer-do a su voluntad, si no que están sometidas a las regulaciones dicta-das por él, entre las que se encuen-tran las atribuciones concedidas a cada órgano y cuyo conjunto se conoce como competencia, la cual ha sido definida doctrinariamente como la capacidad legal de actua-ción de la Administración y, por ende, de sus órganos.

Los funcionarios reconocedores son órganos del Estado y su actuación debe estar circunscrita al llamado bloque de la legalidad o, en otros términos, a la Constitución, leyes, reglamentos, resoluciones, provi-dencias, así como de las órdenes emanadas de los órganos compe-tentes. Desde el punto de vista de las funciones que le son propias como reconocedores están obliga-dos a cumplir y hacer cumplir los 27 artículos del Arancel de Aduanas y sus anexos, así como las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura con la prelación señalada. Para la determinación del valor en aduanas como base de cálculo del impuesto, no les es permitido obviar las normas de valoración aduanera contenidas en diversos instrumentos. Entonces ¿Dónde está la supuesta autonomía? Ninguna de las acepciones de ese término son aplicables a la conducta de estos empleados públicos cuya actividad se encuentra profusa-mente reglada, en virtud del carác-ter restrictivo de las libertades individuales que tienen sus funcio-nes, pues es indudable que la actividad aduanera limita los dere-chos al libre tránsito y a la propie-dad, ambos consagrados en nuestra Constitución vigente.

C.A.S.


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Editor: Carlos Asuaje Sequera
Asistente: Kemel Mourad
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