El principio de lega-lidad significa que los actos y compor-tamientos de los funcionarios de la Administración Pú-blica deben estar ajustados a una ley previa. La actuación de los funcionarios está sometida en primer término a la Constitución y a la ley, pero también al resto del ordenamiento jurídico, incluidas las normas dictadas por la propia Administración. Este conjunto de normas jurídicas de diversa jerar-quía y origen es lo que ha sido llamado “bloque de la legalidad” o principio de juridicidad de la Admi-nistración. Este principio de suje-ción de la Administración a la nor-mativa jurídica está íntimamente ligado al concepto de competencia, es decir, a la capacidad o autoriza-ción del órgano administrativo para obrar de una determinada manera, dado que el funcionario no puede hacer cosa distinta a la que le está expresamente permitida.

De ahí que la competencia no se presume; por el contrario, lo que debe suponerse es la incompe-tencia. Clara es nuestra Consti-tución cuando afirma en su artículo 117: “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Pú-blico, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.” Al utilizar el término definirán, quiso el constituyente someter a reserva legal la definición de atribuciones a los funcionarios públicos o, en otras palabras, circunscribe a la Constitución y a la ley formal la capacidad para establecer y asig-nar competencias. No menos transparente es la Exposición de Motivos de la Carta Fundamental, al afirmar: “Se establece el prin-cipio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos que ejercen el Poder Público sólo pue-den realizar aquellas atribuciones que le son expresamente consa-gradas por la Constitución y la ley.”

La más importante y directa con-secuencia del carácter reservado a la ley de la competencia, es la prohibición de que la Administra-ción asigne competencias; de otra manera, se podría generar un desorden administrativo de incal-culable magnitud y consecuencias, amén de atentar contra principios constitucionales de vieja data y universal aceptación.

C.A.S.
 

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