Si imaginamos el servicio aduanero como una barda que rodea un determinado espacio geográfico, dotada con algunas puertas estratégicamente ubicadas a través de las cuales entran y salen lícitamente las mercancías, entenderemos de inmediato la gran importancia que el concepto de territorio tiene para todo lo relacionado con las aduanas. Todo el esfuerzo de cualquier servicio aduanero del orbe está dirigido a la protección de un territorio y de la población que se encuentra dentro de él, evitando algunas introducciones de efectos, propiciando otras, encareciendo unas para producir un efecto económico beneficioso, aprehendiendo y destruyendo algunas que son en esencia perniciosas y, en fin, poniendo marca distintiva entre lo nacional y lo extranjero.

Obviando lo provincial o regional, podemos decir que el territorio nacional es la porción de superficie terrestre perteneciente a una nación o, en otros términos, la zona sobre la cual un determinado Estado ejerce su poder de imperio, donde aplica sus leyes y conviven sus nacionales. En el caso venezolano, nuestro espacio geográfico está señalado constitucionalmente en el artículo 10, manteniendo la tendencia histórica que establece como territorialmente nuestro lo que nuestro era el 19 de abril de 1810, en nuestra alba republicana.

Pero si bien es cierto que el concepto de territorio nacional está suficientemente debatido y que buena parte de la doctrina y la jurisprudencia han alcanzado la paz del acuerdo, no sucede lo propio con la noción de territorio aduanero, sobre el cual aun se discute su sentido y alcance; consciente de ello y con deseo de enriquecer el debate, intentaremos una definición, en los siguientes términos: territorio aduanero es el espacio geográfico o conjunto de espacios geográficos sobre el cual se aplica una determinada legislación aduanera.

De entrada se percibe que el territorio aduanero no tiene que estar necesariamente compuesto por zonas contiguas y que aun las posesiones de ultramar de un Estado pueden ser parte integrante de él. También es posible que parte del territorio nacional no integre el aduanero ¿Cuándo? Cuándo el Estado decide no aplicar su legislación aduanera a una porción territorial, bien porque le aplica la de otro Estado o porque le permite una normativa aduanera propia, distinta a la del resto de la Nación; a esta zona podríamos llamarla segregada, o de legislación aduanera distinta.

En este último caso, no basta que esa zona tengo un tratamiento impositivo diferente o que se permitan ciertas liberalidades en materia de restricciones; es preciso que la legislación –en su conjunto- sea distinta a la del resto del territorio nacional. De allí que las zonas, puertos libres y similares no constituyan zonas segregadas, si no de régimen aduanero especial, especialidad que le confiere la legislación imperante en el resto del Estado y que también se aplica en ellos, salvo excepciones específicas.

Para ejemplificar, observemos el puerto libre de la Isla de Margarita. Allí tiene plena vigencia nuestra Ley Orgánica de Aduanas, no sólo en lo relativo a la competencia de los funcionarios, si no también en cuanto a la tipificación de los delitos y faltas, el rol de los agentes de aduanas, el hecho imponible, la causación del régimen aplicable, etc.

Distinto al territorio aduanero disminuido en virtud de la segregación comentada, puede haber otro acrecentado que supere en mayor o menor grado el espacio geográfico nacional. Es el producto de acuerdos y tratados entre estados soberanos que deciden presentar una sola cara al resto del mundo y asumen como individualmente propios las leyes, aranceles, reglamentos y demás normas aduaneras, de tal forma que tienen y aplican una legislación aduanera uniforme, desde su base hasta el vértice, sin baches ni diferencias. Pero, aun más, las autoridades aduaneras judiciales y administrativas son comunes, como iguales los procedimientos necesarios para que se cumplan los dispositivos legales. A esto se le llama unión aduanera y tiene su más conspicua muestra en la Comunidad Económica Europea.

La constitución de los territorios nacionales obedece a razones étnicas, religiosas, culturales y políticas que muchas veces se pierden en la oscuridad de la historia lejana. Por el contrario, los territorios aduaneros –tal como los conocemos en nuestros días– son hechos jurídicos y, como tales, producto de la voluntad humana legislativamente expresada. Ello hace que puedan crecer, disminuir o modificarse de acuerdo a los intereses sociales, políticos y económicos imperantes, sin otra condición que el querer del Estado soberano.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
 

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