Me dirijo a usted en mi carácter de representante de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en la República Bolivariana de Venezuela, en la oportunidad de solicitarle se sirva explicar sobre el origen de la información difundida a través de la página web, relativa al monto invertido por la República en la implementación del sistema aduanero automatizado en el proceso de modernización del servicio aduanero venezolano, y sobre el cual además se está realizando una encuesta de opinión en dicha página web.

Este proceso de modernización se está llevando a cabo en virtud del Convenio VEN/01/013/A/01/40 suscrito entre el Gobierno Nacional y el organismo internacional que represento, el cual está en plena fase de ejecución por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a través del Proyecto de Modernización de Aduanas, en el cual me desempeño como Asesor Técnico Internacional.

En este sentido, se le exhorta a retirar y desmentir públicamente esa información la cual además de incorrecta, ha sido indebidamente divulgada en la mencionada página web, todo ello sin menoscabo y a reserva de las acciones legales que pudiera ejercer la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), sin perjuicio de aquellas que tenga a bien ejercer en particular el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así como cualquier otra persona o entidad de carácter público o privado afectada por la misma.

Atentamente.


Tiuna DE BENITO-FERNANDEZ
Asesor Técnico Principal
UNCTAD-SITE
Proyecto SIDUNEA-Venezuela

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Señores:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Presentes.-

Atención: ciudadano Tiuna De Benito-Fernández

Les aviso recibo del e-mail que con fecha 11 de los corrientes me ha enviado vuestro representante en Venezuela, ciudadano Tiuna De Benito-Fernández, en relación al editorial del Boletín Aduanero Nº 3, órgano divulgativo del Portal Aduanero www.aduanas.com.ve, donde se hizo alusión al costo que para Venezuela representa la implantación del Sistema Aduanero Automatizado conocido como SIDUNEA.

Solicitan ustedes a quien suscribe “se sirva explicar sobre el origen de la información” relativa al monto invertido por la República al respecto, ya que en nuestro referido Boletín comentábamos que “de ser cierto que debemos pagar HASTA 8 MILLONES DE DOLARES ANUALES, es preciso reactivar la discusión acerca de la relación costo/beneficio…”.

Considero que quienes deben servirse explicar a la colectividad nacional sobre cuál es el costo que ella ha soportado y deberá seguir soportando por los diversos conceptos involucrados en la implantación e implementación del SIDUNEA, son primordialmente las partes que suscribieron el convenio VEN/01/013/A/01/40 al cual hace alusión vuestro e-mail, vale decir, tanto la UNCTAD como el SENIAT, partes éstas que además de contar con la información precisa sobre el particular, siempre han estado ética y legalmente obligadas a suministrar esa información en razón no sólo del interés público incidente, sino de la sencilla circunstancia de que los pagos son efectuados con recursos patrimoniales que pertenecen al colectivo nacional.

Lamentamos, sin embargo, que vuestro e-mail del 11 de los corrientes nada precise sobre el aspecto debatido y se limite a citar un Convenio cuyo contenido ignora la ciudadanía, por nunca haber sido publicado en órgano oficial adecuado ni sometido a análisis ni observaciones de todos los interesados en el tema.

Si a lo expuesto agregamos que el referido Convenio no fue aprobado por la Asamblea Nacional, como lo demandaba el artículo 150 de la Constitución, ni tampoco sometido al procedimiento que sobre participación social de la gestión pública consagra el Título VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública, entenderemos la razón de ser de ese halo de hermetismo que ha rodeado la contratación del SIDUNEA y que ha dado pie a comentarios como el relativo al costo de US $ 8.000.000 aludido en nuestro Boletín Nº 3, comentario que aprovechamos para iniciar un debate ilustrativo y útil y que, no obstante la advertencia que empleamos (que se concreta en la expresión “de ser cierto”), ha generado la -a nuestro juicio- destemplada reacción de esa Conferencia.

Al abrir un debate sobre el tema ejercimos, además, un derecho elemental que asiste a todos los habitantes de este país, como es el de discutir y opinar sobre una materia de interés general que a todos nos afecta y que lleva implícita la posibilidad de causar daños irreparables a la República de no ser manejado con la transparencia, objetividad, ecuanimidad, imparcialidad y tecnicismo exigidos. Podemos imaginar, por ejemplo, cuáles podrían ser las repercusiones que para la República tendría un manejo avieso, interesado o simplemente inadecuado de los criterios de selectividad implantados en el SIDUNEA y, sobre todo, de su aplicación práctica a casos concretos; de ahí que consideremos que tales criterios y mecanismos de aplicación también debieron y deben ser objeto de discusión y publicidad, sobre todo para preservar la imagen de una entidad tan importante como sin duda lo es esa Conferencia. Por eso la posición asumida por Uds. ante nuestro Boletín Nº 3 nos ha extrañado, ya que pensábamos que ustedes eran los primeros interesados en despejar cualquier sombra de duda sobre el tópico que nos ocupa.

La posición asumida por ustedes lleva implícito un claro desconocimiento del comentado derecho de la ciudadanía a deliberar y opinar, lo que mueve a preguntarnos hasta qué punto un órgano internacional tan estrechamente vinculado al concepto de “desarrollo” podría cuestionar conductas de los nacionales de cada país donde ese órgano actúa, tendientes a examinar su desempeño. No nos cabe duda que, de ser tal la posición de esa Conferencia, estaría afectando seriamente el más puro concepto de lo que ha de entenderse como “democracia”.

Entenderán que lo esencial en el caso que nos ocupa no radica en si el costo para la República es o no de U.S. $ 8.000.000,00, pues opinamos que los derechos y obligaciones -tanto por parte de los contratantes como de la ciudadanía en general- siempre serán los mismos aunque aquel costo pudiese ser -a vuestro juicio- insignificante.

Por último, en relación a las acciones legales que esa Conferencia nos expresa pudiera ejercer en nuestra contra, así como las que ustedes anuncian a nombre del SENIAT y de otras personas públicas o privadas que pudieran haber sido afectadas por nuestro editorial del Boletín Aduanero Nº 3, les manifiesto que tales acciones no nos arredrarán (al constituir nuestro Portal Aduanero sabíamos que, pese a la legitimidad y licitud de nuestra conducta, podíamos afectar muchos intereses) y que, muy por el contrario, asumimos que ellas podrían constituir una excelente oportunidad para que el asunto sea profunda y profusamente discutido por todos los interesados en una instancia pública y de libre acceso, contribuyéndose así a lograr esa transparencia de la cual ha carecido hasta ahora el tema. Si nuestro Portal Aduanero www.aduanas.com.ve contribuye al logro de este propósito, habrá cumplido uno de sus principales objetivos: la elevación del nivel técnico aduanero del país, el cual siempre estará por encima de la simple finalidad lucrativa y mercenaria.

Atentamente,

Carlos Asuaje Sequera
Director general del Portal Aduanero
www.aduanas.com.ve

 

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