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"La
clemencia con el malvado es un castigo del bueno; y si es una virtud
la indulgencia, lo es, ciertamente, cuando es ejercida por un
particular, pero no por un Gobierno, porque los malvados no tienen
honor ni gratitud y no saben agradecer, sino temer".
Simón Bolívar
La corrupción en las aduanas venezolanas parece estar llegando a
niveles nunca antes alcanzados, ante la mirada distraída, por no decir
cómplice, de quienes están llamados a impedirla y castigarla.
Las causas de esta endemia son las mismas de siempre: uso de los
cargos del servicio para pagar favores y premiar lealtades, impunidad
de los delitos, inexistencia de defensores de los usuarios del
servicio, desmoralización generalizada y temor de las víctimas a
denunciar al victimario por miedo a las consabidas represalias.
Las aduanas tienen unos fines que cumplir, pues muy al contrario de lo
que parece a los ojos del vulgo, no existen para causar gastos y
generar molestias; por el contrario, en su gestión están involucrados
asuntos del más alto interés nacional, como son la paz pública y la
seguridad del Estado, la protección de la moral, el resguardo de salud
humana y animal, la protección industrial y la preservación de las
fuentes de trabajo, el resguardo de la propiedad intelectual y el
control de plagas foráneas capaces de dañar la producción agrícola.
Al pasar revista a tan elevados propósitos, nos resulta cuesta arriba
entender la manera irresponsable como se han manejado las aduanas en
el último medio siglo, pues haciendo excepción de dos o tres breves
periodos, el resto ha sido mácula en la historia republicana, motivo
de desazón y de vergüenza para los que creemos que los males que
aquejan a la patria tienen su punto de partida y principal sostén en
la admisión de que la corrupción es un mal menor que sólo puede causar
daños de menor cuantía. ¡Craso error!
Este flagelo moral y social lo distorsiona todo, cambiando la
dirección que debe seguir el Estado en su obligación de procurar el
bien común. Así, nos encontramos con unas aduanas donde se transa
todo, desde el ingreso como equipaje de una maleta repleta de ropa
nueva, hasta decenas de furgones atestados de línea blanca,
pirotécnicos prohibidos o mercancías sometidas a restricciones
arancelarias.
Envalentonados por la impunidad, los corruptos se hacen cada día más
agresivos y audaces. Baste citar como ejemplo el caso de los tránsitos
internacionales desde y hacia Colombia que dio motivo a nuestro
Boletín Extraordinario N° 3. A pesar de que el asunto es de
conocimiento público y de que los recurrentes tienen derecho a una
justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, equitativa y
expedita, así como a obtener oportuna y adecuada respuesta, según lo
consagra el artículo 51 de la Constitución, lo que en realidad reciben
es silencio administrativo por parte de la Gerencia y peticiones «non
santas» por otra, sin que se active el dispositivo penal establecido
en dicho artículo.
La experiencia nos indica que los forajidos no tienen partido ni
bandera. Se cobijan a la sombra del poderoso con afán parasitario,
aportando sólo adulancia y sumisión, mientras dure el poder. ¡Ni un
minuto más!
Autor: Carlos Asuaje Sequera
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