La gran cantidad de contenedores apilados en los patios de nuestros puertos, dificultando el normal desarrollo de sus actividades, nos impone la obligación de analizar, sin otro interés que el bien nacional, las causas de tal situación y asomar posibles soluciones a lo que parece ser producto de una crisis de legalidad y de eficiencia. Expertos muy reconocidos sostienen que los contenedores no son mercancías y que, por tanto, no les son aplicables las normas aduaneras dirigidas a éstas. Otros, entre los que me cuento, consideramos lo contrario, aun cuando reconocemos que en determinados momentos pueden estar sometidos a un régimen aduanero especial en atención a la función que cumplan.

El artículo 9 de la Constitución Nacional dice que «el idioma oficial es el castellano»; por su parte, el artículo 13 del Código Civil preceptúa que «el idioma legal es el castellano». Estos dispositivos son mucho más que u protocolar saludo a la bandera, pues confieren carácter normativo al Diccionario de la Lengua Española, dándole fuerza de ley a la significación que éste le señale a cada una de las voces de nuestra lengua, con inmensas consecuencias jurídicas de fácil percepción.

Por su parte, el artículo 4° del Código Civil, establece que:

a) «A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador»; y,

b) la interpretación sólo es legalmente posible ante inexistencia de disposición expresa de la Ley, en cuyo caso se tendrán en consideración casos semejantes, materias análogas y, por último, los principios generales del derecho.

Así, la interpretación es un remedio para las omisiones, dobles sentidos, vicios del lenguaje y otros fenómenos que dificulten la clara captación del sentido y alcance del texto legal. Por ello debemos cuidarnos de no utilizarla como un subterfugio para darle a las normas jurídicas el sentido que satisfaga nuestro interés circunstancial, pues dicho ha sido hasta la saciedad: la interpretación de la ley consiste en fijar su verdadero sentido y alcance o, como bien lo señalara Andrés Bello: «Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu».

Apegados a esas ideas, lo primero que debemos puntualizar es el significado de la palabra «mercancía», que a decir del Diccionario de nuestra lengua es «Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta». Así, tenemos que toda mercancía es una cosa mueble (en los términos señalados por el artículo 532 de nuestro Código Civil), pero no toda cosa mueble es una mercancía, pues para serlo debe ser objeto de trato o venta; un factor exógeno a la cosa misma es quien la convierte en mercancía: el sometimiento a venta o trato. Por ejemplo, la mesa alrededor de la cual se reúne la familia para tomar sus alimentos, no es una mercancía; pero esa misma mesa ofrecida en almoneda, si lo es, pues en este segundo caso están presentes todos los elementos requeridos en la explicación que para tal término ofrece el diccionario.

Esto explica lo que parece una redundancia de nuestro legislador, cuando en el artículo 7° de la Ley Orgánica de Aduanas indica que estarán sometidas a potestad aduanera tanto las mercancías que vayan a ser introducidas o extraídas del territorio (numeral 1), como los aparejos, accesorios e implementos de navegación y movilización de carga, etc. (numeral 3), los cuales pueden ser alternativamente mercancías o simples cosas muebles, según que estén sometidas o no a las condiciones antes señaladas. A nuestro entender, el legislador abundó inteligentemente al señalar que tanto las cosas como las mercancías estarían sujetas a potestad aduanera, pues de lo contrario la simple declaración de que la cosa no está sujeta a venta o trato sustraería el bien de dicha potestad, con las nefastas consecuencias que ello acarrearía.

«Mercancías y bienes» reza la LOA en el numeral 3 del artículo 7°, al referirse a las cosas que son conducidos por los accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas; unas y otros como conceptos diferentes y con el claro objeto de sujetar a potestad aduanera ambas nociones. No percibimos otra intención en el legislador que la simple inclusión.

Cuando un contenedor, sometido a régimen de alquiler (trato), es introducido a zona secundaria al amparo del artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, está sujeto al régimen de admisión temporal, regulado por el Capítulo II del Título V de la Ley Orgánica de Aduanas y de la Sección III del Título IV de su Reglamento; la excepción allí contemplada es a únicamente, «de las formalidades previstas en este reglamento para el régimen de admisión temporal», por lo que la garantía a que hace referencia el artículo 97 de la LOA es exigible, por ser formalidad prevista en la LOA, no señalada y mucho menos afectada por la disposición reglamentaria.

Por lo demás, si los contenedores no fueran mercancías, no podrían ser objeto de régimen de admisión temporal, pues la Ley (Art. 95) autoriza al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas para «autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías» y sólo de mercancías; por su parte, el artículo 79 del Reglamento antes citado, no deja dudas de que la introducción de contenedores «para el transporte de la carga» a que se refiere el derogado artículo 16 de la LOA, constituye un régimen de admisión temporal con eliminación de requisitos «a los solos fines de su introducción». Todo indica que sin mercancías no es posible la existencia de régimen aduanero, pues son ellas la razón misma de ser de las aduanas. (Ver artículo 1 de la LOA).

Pero si a estas alturas del análisis quedara alguna duda respecto al verdadero estatuto de los contenedores, el literal l) del artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros Especiales se encargaría de despejarla, al señalar:

«Artículo 32. Bajo el régimen de admisión temporal podrán introducirse al país, entre otras, las siguientes mercancías: (omissis)
l) Contenedores y demás instrumentos que se utilizan para el transporte de mercancías, así como, envases vacíos o que contengan determinadas mercancías;».

Otro asunto que debemos analizar con cuidado , es el relativo a la conducta antijurídica que provoca la aplicación de pena. Veamos:

La norma penal se caracteriza por exigir una determinada conducta; tal conducta puede consistir en accionar de una determinada manera o en no realizar determinada acción (precepto), cuyo incumplimiento acarrea una pena (sanción). Así, por ejemplo, el artículo 196 del Código Penal establece que «Todo funcionario que abusando de sus funciones, constriña a alguna persona a que dé o prometa a el mismo o a un tercero alguna suma de dinero u otra ganancia o dádiva indebida, será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años.» Allí tenemos al sujeto activo (el funcionario), la descripción de la conducta antijurídica o tipo penal (utilización abusiva de funciones para obligar a que lea sea dada o prometida, a si mismo o a un tercero, alguna suma de dinero u otra ganancia o dádiva indebida) y, por último, la sanción: (prisión de 18 meses a 5 años).

Si bajo la misma óptica de este ejemplo revisamos el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, nos encontramos con que el sujeto activo de la infracción no está señalado expresamente, pero no puede ser otro que el beneficiario de la autorización concedida por el Ministerio de Finanzas de conformidad con el artículo 95 de la LOA. El usufructuario del permiso es, de consuno, el obligado a satisfacer la condición fundamental de un régimen de admisión temporal: la temporalidad de la permanencia de la mercancía en el territorio nacional.

Con respecto a la admisión temporal de contenedores para el transporte de mercancías, podemos afirmar tras detenido análisis, que el único investido de la calidad necesaria para lograr su sometimiento a régimen de admisión temporal es el agente naviero, en su condición de representante del vehículo que realice operaciones de tráfico internacional. Ningún otro tiene la representatividad necesaria para acudir ante las autoridades y solicitar la autorización respectiva, pues es él y sólo él quien representa al porteador.

Otro punto: suponer que al agente naviero sólo se le pueden aplicar las sanciones establecidas en el artículo 121 de la LOA, resulta tan fuera de tiesto como pretender que a un abogado uxoricida se le sancione exclusivamente de conformidad con la Ley de Abogados, o que a un auxiliar de la Administración Aduanera incurso en delito de contrabando, se le aplique dicho artículo 121 y no el articulado de la Ley sobre el Delito de Contrabando que corresponda (literal n) del artículo 105 de la LOA).

En el caso del artículo 118 de la LOA, nos encontramos con un sujeto activo calificado: el «admitente», pues solamente quien haya recibido la autorización a que se contrae el artículo 95 de la LOA y ejecutado el ingreso de la mercancía a zona aduanera secundaria, puede ser conminado, en justo derecho, a satisfacer la multa confiscatoria allí señalada.

En conclusión:

1.- Los contenedores que son utilizados para la unitarización y traslado de mercancías, son mercancías; de no serlo, no podrían ser objeto de destinaciones suspensivas;

2.- La introducción de tales contenedores bajo régimen de admisión temporal está sujeta a la prestación de la garantía

establecida en el artículo 97 de la LOA, con las formas señaladas en su artículo 142;

3.- La falta de reexportación o nacionalización oportuna de contenedores introducidos bajo el régimen de admisión temporal, acarrea pena para el porteador, en su carácter de destinatario de la norma penal.

Esta es nuestra visión del asunto y un modesto aporte para que administradores y administrados tengan puntos de análisis, discusión y coincidencia sobre un tema tan actual como interesante.

Autor: Carlos Asuaje Sequera

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