Las declaraciones del señor Presidente de la República en el sentido de suspender el comercio con Colombia ha generado un amplio y ruidoso debate político y diplomático; lamentablemente, este asunto no ha sido revisado desde una perspectiva aduanera, a pesar de que la suspensión del comercio con otra nación requiere necesariamente una implementación aduanera.

Nuestras relaciones comerciales con Colombia y demás países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), están reguladas por el Acuerdo de Cartagena, pues si bien es cierto que Venezuela denunció ese Tratado en el año 2006, no es menos cierto que tenemos ciertas obligaciones que cumplir hasta el año 2011, a tenor de lo establecido en el artículo 135 de dicho Acuerdo, que a la letra dice: “ El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.”

Por su parte, el artículo 72, ejusdem, señala lo que debe entenderse por programa de liberación, en los siguientes términos: “El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro.” (Negrillas nuestras)

Además, hay un aspecto constitucional que no puede ser pasado por alto. El artículo 153 in fine de nuestra Carta Fundamental, dice: “Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán considerados parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”. ¿Cómo interpretar esto? Hay una sola forma: si una norma interna, como es el Arancel de Aduanas, colide con la de un acuerdo de integración, deberá aplicarse la del acuerdo y declararse nulo todo cuanto genere colisión.

Según el numeral 4 del artículo 236 de la Constitución Nacional, es atribución del Presidente de la República “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios y acuerdos internacionales.” Pero esa, como sus demás competencias, deben ejercerse con estricta sujeción al bloque de la legalidad y con apego al espíritu, propósito y razón de cada una de las leyes de la República.

Si se respeta el bloque de la legalidad, la suspensión del comercio colombo-venezolano no es competencia del Presidente de la República, si no del Ministro de Finanzas. Veamos:

Después de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de integración y de derechos humanos, la ley suprema para regular el tráfico internacional de mercancías es la Orgánica de Aduanas, que en su artículo 83 preceptúa: “La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el Arancel de Aduanas. En dicho Arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: gravadas, no gravadas, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las mercancías dentro de la clasificación señalada solamente podrá realizarse a través del Arancel de Aduanas, siendo absolutamente nula la calificación que no cumpla con esta formalidad.” Queda claro que cualquier prohibición de ejecución de operaciones aduaneras deberá estar señalada, de manera exclusiva y excluyente, en el Arancel de Aduanas.
Como la prohibición estaría dirigida a un solo país (Colombia), su declaración es competencia del Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Finanzas, de conformidad con el numeral 12 del artículo 4° de la Ley Orgánica de Aduanas; en tal caso, el Ministro deberá sujetarse al procedimiento señalado en el numeral 9 del mismo artículo, que trata lo referente a las modificaciones del Arancel de Aduanas. Así, el Arancel de Aduanas muestra su importancia como instrumento regulador del comercio internacional.

Con vista a lo anteriormente expuesto, podemos resumir:
1.- Venezuela está obligada a respetar el Programa de Liberación de la Comunidad Andina de Naciones hasta el año 2011; por tanto, no puede aplicar restricciones de ningún tipo a las importaciones o exportaciones (operaciones aduaneras) colombo-venezolanas;
2.- La competencia para establecer restricciones a las operaciones aduaneras a realizarse con un determinado país, no es competencia del Presidente de la República;
3.- Cualquier restricción a la importación, exportación o tránsito, deberá realizarse a través del Arancel de Aduanas.
Así pues, cualquier modificación de nuestro comercio internacional, debe realizarse con estricta sujeción a las normas aduaneras y a los tratados suscritos por la República.

Autor: Carlos Asuaje Sequera

Volver