Tal como lo señalamos en nuestro libro Derecho Aduanero, el Arancel de Aduanas es, por encima de cualquier otra consideración, un acto administrativo, no solamente porque emana de una autoridad administrativa (Presidente de la República) sino también, y sobre todo, porque es en sí un acto de ejecución de la Ley Orgánica de Aduanas.

Consta de veintisiete artículos y tres anexos; el primero de estos últimos referido a “Mercancías sujetas a Normas Venezolanas Covenín de Obligatorio cumplimiento o Reglamentos Técnicos”; el segundo al “Régimen Aplicable a Mercancías Objeto de Exportación” y el tercero al “Sistema Andino de Franjas de Precios”.

Muchas personas, influenciadas por lo extenso de su artículo 23 que supera las trescientas páginas de Gaceta Oficial, parecen olvidar el resto del articulado. Este artículo está dirigido a remediar esta omisión y a puntualizar ciertos aspectos importantes o, cuando menos, útiles. Empecemos:

El artículo primero señala la adopción de la Nomenclatura Andina (NANDINA). Este acogimiento se hace sin excepción alguna, por lo que la Decisión 563 de la Comunidad Andina, mediante la cual se aprobó la Nomenclatura Andina es plena o, en otros términos, incorpora a nuestro derecho positivo sin excepciones ni reservas sus “Consideraciones Generales”, las “abreviaturas y Símbolos” y las “Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común -NANDINA”, así como cada una de sus secciones, de sus capítulos, partidas, subpartidas y notas. En este sentido se pronuncia el artículo 2 del nuestro Arancel.

El artículo 3, especialmente importante, señala lo siguiente en cuanto a las declaraciones ante la aduana:

a) Que el código arancelario deberá estar compuesto por ocho (8) o diez (10) dígitos, sin excepción alguna;

b) Que la descripción arancelaria de las mercancías es la señalada en la columna 2 del artículo 23 y estará compuesta por los textos de las correspondientes partida y subpartida. De acuerdo con esto, cuando sea menester realizar una descripción arancelaria, se deberán concatenar ambos textos, aun cuando resulte redundante. Por ejemplo, un caballo para carrera de la subpartida 0101.90.11, deberá ser descrito así: “CABALLOS, ASNOS, MULOS Y BURDEGANOS, VIVOS. Caballos: para carrera”;

c) Que la tarifa aplicable puede ser de tres (3) tipos: ad valorem, específica o mixta y que es la señalada en la columna 3 del artículo 23. Nótese que la tarifa mixta tiene el mismo nivel que la ad valorem y la específica. Incurre en error quien considere que la mixta es la unión de las otras dos;

d) Que el régimen legal correspondiente a cada subpartida señalado en el artículo 12 (notas 1 a 15), es el señalado en la columna cuatro (4) para el régimen general (aplicable a terceros países) y en la columna cinco (5) para el régimen andino;

e) Que las letras U.F. que encabezan la columna seis (6) significan “Unidades Físicas de Comercialización”, las cuales están expresadas en términos de masa, longitud, área, volumen, energía eléctrica y número. Dicha codificación está dirigida a facilitar las estadísticas de comercio internacional;

En el artículo 4 se incurre en una evidente ilegalidad, al señalarse que las Notas Explicativas de del Sistema Armonizado publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas de España tendrán carácter de “versión autorizada”. Dichas Notas, al no estar publicadas en Gaceta Oficial de la República, se reputan no conocidas y no pasan de ser libros técnicamente valiosos para la interpretación del Sistema Armonizado, todo de conformidad con los artículos 1° y 2° del Código Civil y 14 de la Ley de Publicaciones Oficiales.

El artículo 5 señala que las consultas sobre la interpretación y aplicación del Arancel de Aduanas se harán de conformidad con los establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y sus Reglamentos. Es obvia la referencia al Capítulo III del Título II (artículos 40 a 47) del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, siendo de resaltar la importancia de su artículo 42, que a la letra dice: “Las respuestas sobre las consultas de clasificación arancelaria serán dadas por oficio y tendrán carácter público y pleno valor legal, otorgando seguridad jurídica, siempre que exista coincidencia entre el producto consultado y el que sea objeto de operación aduanera. Se considerarán vigentes hasta ser expresamente derogadas por el Ministerio de Hacienda. En ningún caso los oficios podrán ser retenidos por la Administración.”

El artículo 6 indica que el “Régimen General” está constituido por la tarifa, el régimen legal y las unidades físicas (U.F.), los cuales se ubican en las columnas 3, 4 y 6 del artículo 23. Es importante resaltar que son tres los elementos que conforman este régimen, sin que sea permitido excluir alguno de ellos.

El artículo 7 manifiesta que la importación de mercancías está sujeta a la Ley Orgánica de Aduanas, sus reglamentos y el Arancel de Aduanas, pero su verdadera importancia está en su segundo párrafo, en el cual se le otorga prioridad al régimen preferencial que pudiera estar establecido en tratados, acuerdos o convenios internacionales, siempre y cuando las mercancías sujetas al trato preferencial sean originarias del país con el cual se haya suscrito el acuerdo, tratado o convenio y satisfagan el régimen legal general señalado en la columna 4 del artículo 23. Puede darse el caso de que una mercancía esté sujeta a un régimen de contingentamiento (Nota 4, por ejemplo) y el tratado, acuerdo o convenio señale que sólo se admitirán restricciones sanitarias (Nota 6, por ejemplo), la restricción cuantitativa no sería aplicable. Bueno es recordar que nuestra Constitución establece en su artículo 153 que “Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán considerados parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.” (Negrillas nuestras)

El artículo 8 trata lo referente a los miembros de la Comunidad Andina y preceptúa que las importaciones procedentes y originarias de los países de C.A.N. “... estarán liberadas de los impuestos establecidos en el Arancel Aduanas”. Esto es un grueso error, pues el Arancel establece tarifas y no impuestos; éstos se determinan con vista a la base imponible (ad valorem, específica o mixta) y la tarifa. Afirmar que el Arancel establece impuestos es tan errático como sugerir lo mismo para las normas de valoración aduanera.

Nótese que la liberación señalado en este artículo, está sujeta a la doble condición de origen y procedencia. A falta de una de ellas, no procede el tratamiento preferencial.

El artículo 9 somete el tratamiento preferencial derivado de acuerdos, tratados o convenios, a la presentación -junto con la declaración de aduanas- de un Certificado de Origen expedido de conformidad con el respectivo acuerdo, tratado o convenio. Esto aplica tanto para la Comunidad Andina de Naciones como para otros tratados bilaterales o multilaterales. La falta de presentación del certificado de origen junto con la declaración, conlleva a la aplicación del régimen para terceros países.

Los artículos 10 y 11 señalan que las mercancías de exportación y de tránsito se declararán con el mismo código numérico y descripción arancelaria (Columnas 1 y 2) que corresponde a las de importación. En cuanto a las mercancías de exportación se señala que no serán gravadas; en cuanto a las de tránsito, se establece que el impuesto aplicable será garantizado de acuerdo con la tarifa indicada en la columna tres (3) del artículo 23, es decir, tarifa ad valorem para terceros países.

Continuará en el próximo Boletín

Autor: Carlos Asuaje Sequera