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 La
situación de minusvalía en que se encuentran los usuarios de las
a-duanas es propia de un Estado medie-val, pues los meca-nismos que la
ley acuerda a los admi-nistrados para la de-fensa de sus intere-ses se
tornan cada día más ineficaces. Por ley, desapareció el recurso de
reconsideración, que tan útil hubiese podido ser para evaluar los
motivos que llevan al funcionario a decidir en un determinado
sentido; los consue-tudinarios retardos para responder las instancias
de los administrados y muy especialmente los recursos jerárqui-cos,
hacen de la “oportuna y adecuada respuesta” que ordena la
Constitución en su artículo 51, un ladrido de perro ante el paso de
la carreta.
La falta de mecanismos legales para que los
administrados sean efectiva-mente oídos y corregidas las distor-siones
administrativas, constituye uno de los puntos de apoyo básicos de la
corrupción, pues el funcionariado sabe que puede actuar sin riesgos
y que los elementos que hacen posible el Estado de justicia y de
derecho no suelen tocar en las puertas de las aduanas.
Se equivocan los que piensan que la problemática
aduanera sólo incumbe a importadores, exportadores, agentes de
aduanas y otros relacionados con el comercio internacional. En
realidad, sus efectos se difuminan a lo largo y ancho del País,
convertidos en carestía, desabastecimiento y pobreza, con el pérfido
agravante de que su impacto afecta en mayor medida a los más pobres.
Por razones de decencia administrativa y de
conveniencia económica, las aduanas deben cambiar en profun-didad.
Ese cambio debe iniciarse con el convencimiento de que es menester
dotarlas de autonomía funcional, de manera tal de que no sigan
siendo vistas como unidades recaudadoras, si no como organismos
llamados al control de la salida e ingreso de mercancías del
territorio nacional. Esta dotación de autonomía es de tal
importancia que de ella se despren-derán, sin duda alguna, muchos y
positivos cambios.
C.A.S.
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