La interpretación de la ley es tarea difícil que exige buen criterio jurídico, conocimiento del tema, sujeción estricta a la Constitución y a las leyes y, forzosamente, inexistencia de disposición precisa de la ley respecto al asunto examinado. Pero además de ello, se requiere buena fe, búsqueda de lo justo y criterio amplio para aceptar los resultados de la labor interpretativa. Quien examina una norma jurídica con criterio preconcebido o pretendiendo un resultado a la medida de los intereses propios o de otros, no interpreta, si no que violenta, no busca el verdadero sentido de la disposición, si no la complacencia del beneficiado. La vigencia de los permisos a que se refiere el artículo 12 del Arancel de Aduanas, muy especialmente los sanitarios, han sido objeto de grandes controversias, que siempre han terminado con unos criterios del SENIAT dirigidos a la apropiación indebida, por la vía del comiso aduanero, de millares de cargamentos que, en un país donde impere el Estado de derecho, hubiesen tenido otro destino.

En este análisis vamos a referirnos específicamente al permiso sanitario del Ministerio de Agricultura y Tierras (Nota 6 del artículo 12 del Arancel de Aduanas), al cual se encuentra sometida la importación de numerosos productos agrícolas y pecuarios.

Es indiscutible que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, quien debe garantizarla como parte del derecho a la vida (Artículo 83 de la Constitución). Para lograr tal fin, debe promover unas conductas y prohibir o restringir otras, pero siempre dentro del marco del estado derecho, es decir, con pleno sometimiento a las normas constitucionales, legales y sublegales.

Igualmente, nadie es capaz de discutir que las normas legales persiguen un fin, provocar una conducta individual que se traduzca en beneficios para la colectividad y no en meras trabas y sanciones para los administrados. Hasta la fecha, el fin de los permisos del Ministerio de Agricultura y Tierras se ha perdido en el oscurantismo impuesto por leguleyos, con sus interpretaciones ligeras e irrespeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Ha llegado a nuestras manos un memorando emanado de la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT, fechada el 4 de noviembre de 2002, donde se lee textualmente: "Aceptar documentos vencidos para la fecha de la declaración, implica que las autoridades aduaneras admitan o convaliden el desaduanamiento de mercancías al amparo de una documentación cuya fecha de vigencia ya expiró; lo que a todas luces es irregular, por cuanto ingresarían al país productos que no están debidamente autorizados por el organismo competente." De esta forma, con un criterio personalísimo que trata de disfrazarse de interpretación jurídica, se han decomisado un sin fin de cargamentos que, en buena parte de los casos, han terminado en los basureros cercanos a las oficinas aduaneras.

No se debe discutir, ni pretendemos hacerlo, que el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas sanciona con comiso la no presentación, junto con la declaración, de la autorización, permiso o documento a que pudiera estar sometida una importación. Alrededor de esta figura penal, que tiene marcados visos de inconstitucionalidad, se han realizado numerosas piruetas para llegar a la forzada conclusión de que el permiso sanitario a presentar (nota 6) debe estar vigente para la fecha de su presentación y no para la de la causación, cuando en realidad, ambas son igualmente irrelevantes a los efectos del fin que se persigue: la protección de la salud de personas, animales y plantas.

El permiso que emite el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) para que el importador satisfaga la exigencia contenida en la nota 6 del artículo 12 del Arancel de Aduanas, no constituye un pronunciamiento sobre la calidad o estado sanitario de los bienes a importar. Mal podría serlo, cuando generalmente éstos se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en lugares donde el poder de imperio de Estado venezolano no alcanza, así como tampoco la actividad de sus órganos. Pero además, por todos es sabido que el MAT no inspecciona las mercancías sobre las cuales versa su permiso, limitándose a realizar el análisis de riesgo a que se refiere el artículo 25 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, que a la letra dice: "Toda importación de animales o vegetales, productos, subproductos y materias primas de ambos orígenes, estarán (sic) sujeta a un análisis de riesgo a fin de establecer las medidas sanitarias que puedan prevenir y evitar riesgos para la ganadería y la agricultura, el ambiente y las personas; cuyos resultados autorizarán o denegarán el Permiso Sanitario de Importación. La negativa para el otorgamiento del Permiso Sanitario de Importación se realizará mediante acto motivado, que será debidamente notificado a los solicitantes." (Gaceta Oficial N° 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008).

La condición sanitaria de los productos no se establece en la oportunidad de la emisión del permiso, si no con la inspección que se verifica una vez llegada la mercancía al puerto de destino, donde se comprueba su situación sanitaria, a tenor de lo establecido en el artículo 75, ejusdem: " Los importadores o importadoras, o exportadores o exportadoras, o responsables, una vez que haya ingresado o vaya a egresar del territorio nacional los animales o vegetales, productos o subproductos de ambos orígenes a importar o exportar, según sea el caso, deberán cumplir por sí mismos la obligación de solicitar la inspección y proporcionar la información necesaria para que sea efectuada por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), según lo dispuesto en las leyes y demás normas de carácter sanitario, a los fines de comprobar que la mercancía si corresponde a la descrita en el manifiesto de carga y de certificar la condición sanitaria de la misma; si la mercancía esta en óptimo estado y cumple con todos los requerimientos zoosanitarios y fitosanitarios de nuestro país, se procede a expedir el Certificado de Inspección...." (negrillas nuestras)

No escapa a nuestra consideración que el artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas pena con comiso la falta de presentación, junto con la declaración, de determinados documentos exigibles; pero el asunto de la vigencia es materia de interpretación y no de aplicación directa de la norma, pues si bien un documento caduco no causa efecto alguno, lo que se discute es si basta que esté vigente para el momento de la causación del régimen aplicable, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Orgánica de Aduanas o si, por el contrario, es menester que esté vigente para el momento en que se efectúe la respectiva declaración de aduanas.

Para responder esta interrogante de manera apropiada no se deben perder de vista dos asuntos:

1) Que la aduana aplica medidas de policía administrativa que restringen derechos constitucionalmente establecidos: propiedad y libre tránsito, por lo que cualquier interpretación sobre las normas aduaneras debe realizarse restrictivamente;

2) El fin que pretende lograr la legislación aduanera al someter a permiso del MAT determinados productos agropecuarios.

En cuanto al primer punto, podemos afirmar que la intervención aduanera debe causar la sólo la disminución de los derechos constitucionales expresamente autorizados por la ley por previa autorización constitucional.

En cuanto al otro asunto, ya quedó claro con las citas que hicimos a los artículos 25 y 75 de la Ley de Salud Agrícola Integral, que el permiso que expide el MAT no constituye un pronunciamiento sobre la calidad o estado sanitario de las mercancías, si no una opinión sobre el riesgo que implica su importación desde determinado país. De allí, que lo verdaderamente importante desde el punto de vista de la salud pública, sea la fecha en que el vehículo porteador abandone el puerto de exportación y no, como forzadamente se ha tratado de hacer ver, la fecha en que se presente el permiso expedido por el MAT. Hasta hoy, en virtud de interpretaciones disparatadas, alejadas de la justicia y del Estado de derecho, se ha exigido que el permiso esté vigente para el momento de su presentación obviando, por ignorancia o por interés, que el fin protector de la salud pública que persigue la Nota 6 del artículo 12 del Arancel de Aduanas, se encuentra logrado en cualquiera de las dos fechas. Además, al aplicar arbitrariamente estos comisos, Venezuela viola compromisos internacionales dirigidos a evitar obstáculos al comercio, tal como las contenidas en el programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de cuarentena que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Más no todo queda ahí. Aun cuando la vetusta interpretación del SENIAT a que hemos hecho referencia hubiese tenido, en su oportunidad, algún sostén jurídico (ver Boletín Aduanero N° 2), la promulgación del Decreto 6.129 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, ha debido producir una profunda revisión de los criterios administrativos sobre esta materia, de manera que no se continúen realizando comisos que tienen más similitud con los actos de piratería caribeña del siglo XVII que con medidas de protección de la salud pública.

Autor: Carlos Asuaje Sequera