Mediante Sentencia N° 920 de fecha 18 de mayo de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió suspender la aplicación del artículo 133 de la Ley Orgánica de Aduanas, en los términos que se transcriben a continuación:

“Al respecto, la Sala observa que dicha norma es de las denominadas “autoaplicativas”; es decir, “aquellas cuya eficacia no está supeditada a la aplicación por acto posterior; por tanto, su sola entrada en vigencia puede suponer, respecto de un supuesto de hecho determinado, una violación o amenaza de violación de derechos constitucionales susceptible de ser objeto de amparo constitucional” (v. sentencia del 21 de abril de 2004, caso: Transporte y Distribución de Hidrocarburos Sulbarán C.A. TRADHIS C.A.).”

”De allí que como se desprende de la disposición antes transcrita, se requiere de la parte afectada el pago de la obligación o de que se caucione “suficientemente”, de lo cual la Sala presume una restricción al derecho a la tutela judicial efectiva que comporta el acceso a la justicia, en los términos consagrados en el artículo 26 constitucional, razón por la cual mientras se decide el fondo del presente recurso por inconstitucionalidad, la Sala sin prejuzgar sobre los vicios imputados, suspende la aplicación del artículo 133 de la Ley Orgánica de Aduanas, hasta tanto se decida el recurso interpuesto; suspensión que tiene efectos erga omnes en virtud del carácter normativo del acto contra el cual opera la cautela. Así se decide.”

Esta desaplicación está dirigida a eliminar un requisito de admisibilidad de los recursos contra liquidaciones, contribuciones o multas efectuadas por la Administración Aduanera y en nada afecta la figura de la prenda legal contenida del artículo 9° de la Ley Orgánica de Aduanas. Por ello, la interposición de un recurso no releva al consignatario aceptante o exportador del pago de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de otros requisitos a que pudieran estar sometidas sus mercancías, ni tampoco de la obligación de sustituir la prenda por otra garantía (depósito o fianza), en caso de que desee retirar de los efectos de la zona primaria.

Caso distinto presenta la interposición de recursos contra actos administrativos emanados de actuaciones de control posterior del servicio aduanero. Por haber existido un acuerdo entre Administración y administrado que hizo posible el retiro de los efectos de la zona primaria y estar éstos en manos de su propietario, la prenda desapareció, pero no como consecuencia de la interposición del recurso, si no por acuerdo entre los sujetos activo y pasivo de la relación jurídica aduanera.

Con motivo del control posterior, mal podría la Administración alegar su propio error para sacar ventajas sobre el administrado, pues si errado estuvo el consignatario o exportador en su declaración, no menos lo estuvo la Administración al aceptar y convalidar dicho desliz ordenando el desaduanamiento de las mercancías sin que se le hubiese pagado lo que en justicia y por ley le correspondía cobrar.

Autor: Carlos Asuaje Sequera
 

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