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 El
caso de las medicinas y ali-mentos descom-puestos y las di-ferentes
reac-ciones del sector gubernamental, nos llaman a una angustiada y profunda refle-xión.
Desde nuestro punto de vista, como venezolanos
y como aduaneros, lo más grave no es el daño patrimonial causado,
ni el perjuicio ambiental y, ni siquiera, los potenciales daños
para la salud del sector más pobre del País, que es quien se
aprovisiona en PDVAL, Mercal y similares. Lo aterrador es la
comprobación de que en Venezuela no hay justicia y escasea la
decencia; de que los órganos del Estado encargados de impartirla
actúan en función de intereses grupales, en clara desobediencia
a la Constitución y las leyes: el Ministerio Público es un ejecutor
de venganzas políticas; el sistema judicial plagado de jueces
provisorios designados a dedo, se presta a la criminalización
de la disidencia y a la impunidad de los gobernantes, de manera
cada vez más explícita.
Como sucedió con el affaire de RECADI hace
ya varias décadas, las aduanas se encuentran involucradas hasta
los tuétanos en el escándalo de la podredumbre. Es evidente
que uno de los fines de los delincuentes fue extraer dólares
obtenidos mediante la sobre-facturación de medicinas y alimentos
que, próximos a vencer, se adquieren con grandes descuentos
en el mercado internacional. Los reconocedores aduaneros, sumisos
ante la calidad del consignatario, no verificaron precios con
lo cual se convirtieron en cómplices por omisión del cumplimiento
de sus deberes fundamentales.
Muchos de los bienes podridos cayeron en estado de abandono
legal, por lo que se han debido realizar los proce-dimientos y notificaciones
pautados en la ley, pero la aduana, en un papel de proxeneta inadmisible en
un país decente, prefirió mirar hacia otro lado para no molestar los negocios
de los poderosos.
Con deseos de equivocarnos, creemos que el colofón de esta
historia de podredumbre física y moral será la impunidad, promotora
de nuevos delitos. Ante ello, pensamos: Vamos mal ¡Dios proteja
a Venezuela!
C.A.S.
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