La legalidad de los actos es mu-cho más que una formalidad con-veniente o una manera elegante de hacer las co-sas por parte del Estado. Es, realmente, la forma de asegurar que los derechos de la ciudadanía sean plenamente e-jercidos y el cumplimiento de sus obligaciones debidamente calibra-do, a la vez que es brújula para que los administradores no pierdan el rumbo y queden sujetos a las múltiples contingencias que la ile-galidad les puede producir.

Sólo la ley puede describir con-ductas delictivas y fijar sanciones para ellas, así como establecer el procedimiento penal a que hayan de ser sometidos los infractores; dicha descripción debe ser rea-lizada de manera tal que no preste a equívocos, no admitiéndose bajo ningún respecto la analogía. En este sentido, Beling afirma que la legalidad de las normas pende de que sean escritas, estrictas en la descripción del tipo penal y anteriores al hecho que se juzga.

Antes de que los barones ingleses, hastiados de las odiosas dispo-siciones del Rey Juan Plantagenet (apodado Sin Tierra) se rebelaran y exigieran la aceptación de ciertas normas por parte de la Corona (Carta Magna de 15 de junio de 1215), no existía el principio de legalidad; los individuos estaban sometidos a los arbitrios del monarca y lo que hoy conocemos como seguridad jurídica era un principio absolutamente inexisten-te.

Con el transcurrir del tiempo las monarquías absolutistas ceden su lugar al Estado y éste, a su vez, es sometido a innumerables limi-taciones dirigidas a salvaguardar a los ciudadanos de las injusticias, abusos y arbitrariedades del po-der, al punto de que en nuestra Constitución se establece: La Con-stitución y la ley definirán las atri-buciones de los órganos que e-jercen el Poder Público, a las cua-les deben sujetarse las actividades que realicen.

C.A.S.

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