Una de las características fundamentales de los Estados democráticos la constituye el derecho a la propiedad, garantía esta que por lo general va a asegurar constitucionalmente a los ciudadanos el uso, goce y disposición de sus bienes, quedando solamente restringido el ejercicio del precitado derecho a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley, en sentido formal, es decir, aquel acto sancionado por los órganos legislativos de cada país, limitaciones que por norma general tienen por causa la utilidad pública o el interés general, sin detrimento de la facultad de expropiación de los bienes, la cual sólo debe ser ejercida por la autoridad en aquellos casos en que medie alguna causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y el correspondiente pago de una justa indemnización.

Con fundamento en el precepto constitucional inherente al derecho a la propiedad, es importante destacar que la mayor parte de las legislaciones aduaneras del mundo han tipificado la figura del “abandono” , el cual por regla general se produce, en los casos de ingreso de mercancías a la zona primaria de una aduana habilitada para la operación aduanera de importación , por inactividad del consignatario o dueño de la mercancía, en un primer supuesto, al no haber aceptado la consignación o no haber realizado la declaración de aduanas ante la autoridad competente dentro del lapso de ley y, en un segundo supuesto, ante el hecho de no haber procedido a retirar sus mercancías dentro del plazo establecido a partir de la fecha en que concluyó el procedimiento de reconocimiento o aforo, posterior a la aceptación de la consignación o presentación de la declaración de aduanas.

La doctrina aduanera, así como la legislación de gran parte de los países, le atribuye a la institución del abandono la connotación de una renuncia presunta de la mercadería a favor del Estado , sin perjuicio de que estas mismas legislaciones, garantizando el derecho a la propiedad, otorgan al propietario o consignatario la facultad de “reclamarla” antes de efectuarse el remate. Es decir, el legislador reconoce el derecho de reclamo para aquellos dueños o consignatarios que, por diversas situaciones, no hubiesen retirado sus efectos de la aduana y estos se encuentren en estado de abandono, siempre y cuando lo ejerzan con anterioridad al acto de remate.

Por consignatario de las mercancías, debemos entender a aquella persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentren destinados los bienes de importación y, como tal aparezca en el original del documento de transporte, específicamente en el recuadro respectivo del conocimiento de embarque, guía aérea o guía de encomienda, según sea el caso.

Por otra parte, con relación al dueño de las mercancías, es aquella persona natural o jurídica que puede demostrar ante la autoridad competente, donde se realiza la operación aduanera de importación, que es el destinatario o propietario real de aquellas, es decir, atendiendo a la legislación civil y mercantil, es el adquirente que consta en la factura comercial definitiva, por cuanto la transmisión de la propiedad en el campo civil y mercantil sólo es constatable a través de los medios previstos en dicha normativa, siendo el contrato de venta el medio traslativo de la propiedad por excelencia.

Ahora bien, el dueño o consignatario que opte por efectuar, ante el órgano público competente, el reclamo de su mercancía caída en abandono, en todo caso, debe hacerlo antes de la fecha fijada en el cartel para la realización del acto de remate, por cuanto, es imprescindible que se proceda a calcular el crédito fiscal a los fines de su pago o garantía, en razón de que el Estado siempre tendrá privilegios preferentes sobre los bienes a rematar, con la finalidad de que sean satisfechos cualesquiera impuestos, tasas, intereses moratorios, penas pecuniarias y otros derechos y cantidades que se hayan originado en virtud de lo establecido en las normas jurídicas aduaneras vigentes.

Por regla general, las mercancías abandonadas deben ser rematadas por el órgano público competente, dentro de los plazos y conforme al procedimiento que señale la normativa aduanera de cada país, para lo cual es indispensable llevar un control diario del estatus de las mercancías, a través de las oficinas aduaneras respectivas.

El establecimiento de un procedimiento legal, para el remate y subsecuente adjudicación de las mercancías caídas en estado de abandono, además de otorgar la seguridad jurídica debida, permite al ente público competente señalar, mediante decisión motivada, aquellas mercancías que deben ser adjudicadas al Estado, por ser consideradas de evidente necesidad o interés social, sin perjuicio de que la realización del acto de remate, a los fines de su publicidad, debe anunciarse, entre otras formas, en primer lugar, en las oficinas aduaneras mediante cartel fijado en un sitio público y visible, y, en segundo lugar, mediante aviso que debe publicar la autoridad aduanera en los periódicos de mayor circulación nacional, con antelación al acto en referencia.

El remate y la subsecuente adjudicación constituyen un procedimiento solemne, revestido de formalidades que deben ser cumplidas a los fines de su licitud. En tal sentido, una vez anunciada la realización del acto de remate, a través de los medios de publicidad antes señalados y, efectuadas las ofertas por los postores interesados, la adjudicación de los efectos objeto de remate se otorgará a la propuesta más alta o al Estado, según sea el caso.

De esta manera, las mercancías abandonadas sólo pueden ser adjudicadas a un órgano público en el acto de remate, cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: a) Que en el acto de remate no surgieren posturas; b) Que las posturas no alcancen la base mínima fijada en el cartel. c) Que las mercancías estén afectadas por prohibiciones, reservas y otras restricciones y requisitos arancelarios y legales, salvo que existan postores que cuenten con la posibilidad de realizar lícitamente la operación aduanera; y, d) Que las mercancías abandonadas sean de evidente necesidad o interés social, en cuyos casos será ineludible la previa decisión motivada.

En cuanto a la adjudicación al Estado de mercancías abandonadas, por ser de evidente necesidad o interés social, es obligante que el órgano público competente señale las mercancías a ser adjudicadas mediante una decisión motivada, es decir, indicando los fundamentos de hecho y de derecho que la originan. A este respecto, es importante resaltar que los órganos administrativos y, con mayor responsabilidad los jurisdiccionales, en acatamiento al principio de legalidad que debe revestir el ejercicio de la función pública, deben garantizar que aquellas mercaderías que se encuentren en estado de abandono, sólo serán adjudicadas a cualquier persona, natural o jurídica, incluso al propio Estado, en un acto de remate, ya que inequívocamente las mismas deben ser rematadas, lo cual no imposibilita, de manera alguna, que se realice la adjudicación a un órgano público, pero necesariamente esto debe ocurrir en dicho acto de remate, sin perjuicio del derecho de reclamo que tiene el dueño o consignatario, antes de efectuarse el prenombrado acto, en ejercicio del derecho de propiedad consagrado constitucionalmente.

Este tema los concluiremos en la próxima entrega del Boletín de www.aduanas.com.ve . Es propicia la oportunidad para saludar a todos aquellos colegas y amigos aduaneros (as), con motivo de conmemorarse en Venezuela este mes de septiembre tan especial fecha. 

Autor: Julio Rodrigo Carrazana Gallo

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